Magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para continuar el cuestionado peritaje de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El TSJ dijo haber concluido el domingo el proceso de peritaje técnico del "material de valor probatorio" consignado por el CNE, organizaciones políticas y excandidatos presidenciales, en un post en su cuenta en Instagram.
De acuerdo a una reportera del canal del Estado, Venezolana de Televisión, los magistrados estaban acompañados de peritos y veedores internacionales e iban a proceder a verificar que las actas físicas coincidan con las digitales.
Los partidos políticos opositores Mesa de la Unidad Democrática, Movimiento Por Venezuela y Un Nuevo Tiempo, aclararon este lunes que no fueron informados ni estuvieron “en el supuesto peritaje” que el TSJ “dice hacer del material electoral”.
“Exigimos al CNE la publicación de las actas de escrutinio del proceso electoral del 28 de Julio y posterior auditorias Independientes de las mismas”, escribió en X la Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos de oposición.
La Sala Electoral del TSJ, organismo considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, admitió un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para “investigar, verificar y certificar” los resultados electorales.
La autoridad electoral proclamó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero no ha divulgado los resultados desglosados. La oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia.
Nueve de diez candidatos y representantes de los 38 partidos que postularon a los aspirantes atendieron a una citación de la Corte. González Urrutia descartó acudir argumentando que se están desconociendo las atribuciones del Poder Electoral y denunciando que se encuentra en una situación de “indefensión y violación al debido proceso”.
El excandidato presidencial opositor, Enrique Márquez, que denunció que el expediente del recurso no es público, solicitó la semana pasada la nulidad del proceso iniciado por el TSJ por “vicios procesales”.
El Centro Carter, que envió una misión técnica para las elecciones presidenciales que ha sido cuestionada por el gobierno, ha dicho que no considera que el TSJ pueda llevar a cabo una verificación independiente.
El informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que en un principio iba a ser confidencial y que finalmente fue publicado, expuso que la gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles. El gobierno afirmó que el documento está “plagado de mentiras”.
La líder María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial de la oposición pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, insistió esta semana en que debe darse una verificación internacional independiente y aseguró que el procedimiento que efectúa el TSJ es una “farsa”.
“Esa maniobra de presentarse en el TSJ es una confesión de su derrota para no tener que dar los resultados, porque tres semanas después no hay ni un numerito ni una sola acta. Por ahí hay gente que dice que pueden haber impreso actas falsas, ojalá. Yo quiero ver a los testigos del PSUV, a los militares del Plan República”, afirmó en medio de una manifestación en Caracas.
El periodista especializado en procesos electorales, Eugenio Martínez, también director de Votoscopio, reiteró la semana pasada que el CNE no llevó a cabo auditorías que permitan “confiar en que el material presentado” al TSJ “se corresponda” con el del 28 de julio.
De acuerdo a Martínez, los observadores internacionales convocados por el CNE son el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y no hay presencia de expertos técnicos de la oposición.
Los resultados electorales causaron masivas protestas que, en algunos casos, terminaron en actos violentos. De acuerdo al balance oficial, 25 personas murieron y al menos 2000 han sido detenidas, muchas han sido señaladas de terrorismo.
El gobierno ha acusado a Machado y a González Urrutia, de ser los responsables de promover violencia en el país a través de los comanditos, una red ciudadana organizada por la oposición para custodiar los votos.
La oposición ha desestimado la narrativa del gobierno y ha denunciado una escalada en la represión y en las detenciones arbitrarias.
Varios países han pedido la publicación de “todas las actas originales” y la verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Además, expresaron preocupación por la “represión”.
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