Panamá deportó el martes a 29 colombianos que cruzaron irregularmente por la selva del Darién, entre ellos un presunto sicario de la organización del narcotráfico Clan del Golfo, al ponerse en vigor un acuerdo migratorio entre la nación centroamericana y Estados Unidos, que también contempla la repatriación voluntaria de venezolanos.
Es el primer vuelo de deportación desde que ambos países firmaron a principios de julio un memorando de entendimiento para tratar de contener la incesante migración irregular hacia Estados Unidos a través de esa zona inhóspita en la frontera con Colombia. Más de medio millón de migrantes siguieron esa ruta el año pasado, la mayoría de ellos venezolanos, seguidos de ecuatorianos, colombianos y chinos, entre otras nacionalidades.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino, que tomó posesión el 1 de julio, prometió frenar ese tipo de migración con un plan de repatriación voluntaria de venezolanos, apoyado por Estados Unidos. Las autoridades panameñas aclararon el martes a periodistas que, por el momento, los vuelos de retorno de venezolanos no se pueden llevar a cabo debido a la crisis postelectoral en el país y a la suspensión de las relaciones diplomáticas con Caracas.
“El tema de Venezuela tiene una particularidad por el tema de las restricciones diplomáticas, ahora nos impide hacer cualquier tipo de movimiento hacia Venezuela... al final pudiéramos poner en peligro aquellas personas que estaríamos retornando y eso violaría las normas de derecho internacional", dijo a los periodistas el director del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica.
El vuelo que llevó de regreso a los migrantes colombianos partió sobre las 6 de la mañana rumbo al aeropuerto de Rionegro, en Medellín. Antes, los repatriados, con manos y pies con cadenas, fueron colocados en fila en la pista.
Todos los deportados tienen antecedentes criminales en Colombia, entre ellos uno al que las autoridades identificaron mediante pruebas biométricas como presunto sicario del Clan del Golfo, la poderosa organización colombiana del narcotráfico que está acusada también de liderar el negocio ilícito de tráfico de personas por esa ruta.
Panamá había realizado vuelos de deportación similares antes, pero este es el primero costeado por Estados Unidos y al amparo del acuerdo con Washington.
Mojica, el funcionario de migración, dijo que se están haciendo coordinaciones y acercamientos con otros países de procedencia de los migrantes en situación irregular, como Ecuador e India, para concretar vuelos de repatriación.
El gobierno del presidente Mulino también cerró con alambre de púas algunos puntos de entrada por la selva del Darién y estableció lo que llama un corredor para el paso de los migrantes supuestamente más seguro, lo que según las autoridades ha disminuido los tránsitos desde julio.
En lo que va del año más de 230.000 migrantes han cruzado el Darién, más del 60 % de ellos venezolanos. Y en agosto ya habían transitado 8.000, un 30 % menos que en igual lapso del año pasado, refirió Mojica.
El gobierno panameño ha advertido, empero, que la crisis postelectoral en Venezuela podría ocasionar un nuevo éxodo migratorio.
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