Los arrestos por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos cayeron 7 % durante septiembre hasta ubicarse en su punto más bajo en más de cuatro años, informaron las autoridades el martes. Posiblemente se trate del último reporte mensual que se dé a conocer durante una contienda presidencial en la que el candidato republicano Donald Trump ha hecho de la inmigración una parte central de su campaña.
La Patrulla Fronteriza realizó 53.858 arrestos el mes pasado, en comparación con 58.009 en agosto, lo que representa la cifra más baja desde agosto de 2020, cuando se contabilizaron 47.283 arrestos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés).
Casi la mitad de los arrestos fueron de ciudadanos mexicanos, que cada vez representan una mayor proporción de las detenciones. En diciembre pasado, cuando el número de arrestos alcanzó un máximo histórico de 250.000, menos del 25 % de las personas detenidas eran mexicanas. Las detenciones han ido a la baja este año entre los migrantes de otras nacionalidades, como guatemaltecos, hondureños, colombianos y ecuatorianos.
San Diego fue, nuevamente, el corredor de mayor actividad de cruces ilegales durante septiembre, seguido por El Paso, Texas, y Tucson, Arizona.
Para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, la Patrulla Fronteriza realizó 1,53 millones de arrestos, después de que se superaron los 2 millones en cada uno de los dos años previos.
La Casa Blanca señaló que las cifras demuestran que las estrictas restricciones al asilo que se implementaron a partir de junio estaban logrando el efecto deseado. Además, culpó a los legisladores republicanos por rechazar una iniciativa en materia de seguridad fronteriza que se vino abajo en febrero. La vicepresidenta Kamala Harris ha utilizado esta línea de ataque contra Trump para tratar de atenuar las críticas de que el gobierno federal ha sido indulgente en la aplicación de las leyes de inmigración.
“El gobierno Biden-Harris ha tomado acciones efectivas, y los funcionarios republicanos siguen sin hacer nada”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández.
La Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense, asiduo crítico del gobierno y defensor de las restricciones migratorias, atribuyó los declives recientes a una mayor vigilancia de las autoridades mexicanas dentro de su territorio, asegurando que la Casa Blanca “prácticamente subcontrató a México para realizar sus tareas de seguridad fronteriza de cara a las elecciones de 2024, políticas que pueden revertirse en el momento en que el gobierno de México así lo decida”.
El número de detenciones cayó significativamente después de que México incrementó la aplicación de sus leyes migratorias en diciembre pasado, y las cifras continuaron a la baja después de que entraron en vigor las restricciones al asilo que impuso Washington en junio. Las autoridades federales han resaltado en todo momento la participación de México.
Las autoridades mexicanas han tenido más encuentros con migrantes este año, mientras que las deportaciones siguen siendo relativamente bajas, lo que ha creado un cuello de botella. Las autoridades panameñas reportaron un aumento en el número de migrantes que atravesaron el Tapón del Darién durante septiembre, aunque las cifras siguen siendo menores a las de 2023.
Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP, señaló la semana pasada que el gobierno colabora con México y otros países para atender en conjunto la migración.
“Aún nos preocupa cualquier cuello de botella, seguimos analizando eso, seguimos abordando la cuestión con nuestros socios”, dijo Miller en una conferencia de prensa en San Diego.
El gobierno del presidente Joe Biden ha promovido nuevas vías legales para ingresar al país en un intento por desalentar los cruces ilegales. La CBP permitió que más de 44.600 personas entraran al país en septiembre con una cita realizada por el sistema en línea CBP One, con lo que el total se elevó a 852.000 personas desde que la app entró en operaciones en enero de 2023.
Otra medida federal permite que hasta 30.000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, con patrocinadores financieros, ingresen cada mes al país por vía aérea. Hasta septiembre, más de 531.000 migrantes de estas cuatro naciones han entrado en Estados Unidos.
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