En una audiencia histórica celebrada el miércoles en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Estados Unidos argumentó que las Leyes de Derechos Humanos no son relevantes en cuanto a las obligaciones legales de los Estados en materia de cambio climático.
Margaret Taylor, asesora legal del Departamento de Estado de EEUU que representa a Washington en el proceso, argumentó el miércoles que la CIJ no era el foro adecuado para abordar la justicia climática.
"Un procedimiento consultivo no es el medio para litigar si Estados individuales o grupos de Estados han violado obligaciones relacionadas con el cambio climático en el pasado o si son responsables de las reparaciones, como han sugerido algunos participantes", dijo Taylor a la Corte.
"El régimen de cambio climático de la ONU, con el Acuerdo de París como núcleo, es el único régimen legal internacional diseñado específicamente por los Estados para abordar el cambio climático", dijo. "Las leyes internacionales de los Derechos Humanos... no obliga a los Estados a mitigar las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, ni tampoco prevé actualmente un derecho humano a un medio ambiente saludable".
El año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la CIJ que ofreciera su opinión legal sobre si las principales naciones contaminantes pueden ser consideradas responsables de causar el cambio climático y el daño que éste causa.
Los 15 jueces de la CIJ considerarán no sólo los acuerdos climáticos jurídicamente vinculantes, sino también las leyes internacionales de los Derechos Humanos y otras legislaciones pertinentes.
Casi 100 países y más de una docena de organizaciones intergubernamentales están listos para presentar pruebas durante dos semanas de procedimientos legales que comenzaron el lunes y terminan el 13 de diciembre. Se espera que los jueces den su opinión legal en algún momento del próximo año.
Estados insulares
Los pequeños estados insulares han argumentado que el aumento del nivel del mar debido al cambio climático pone en peligro su propia existencia. Arnold Kiel Loughman, fiscal general del estado insular del Pacífico Sur de Vanuatu, argumentó que la legislación sobre Derechos Humanos es aplicable.
"He venido a pedirles que respeten el estado de derecho", dijo Loughman a los jueces de la CIJ el lunes.
"Según el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para evitar daños significativos al medio ambiente, reducir las emisiones y brindar apoyo a países como el mío, proteger los Derechos Humanos de las generaciones presentes y futuras, proteger y preservar el medio ambiente marino y respetar los derechos fundamentales de mi pueblo a la autodeterminación en nuestra propia tierra".
"El incumplimiento de estas obligaciones por parte de un pequeño número de grandes Estados emisores constituye un acto internacionalmente ilícito, que desencadena consecuencias jurídicas en virtud del derecho internacional de la responsabilidad estatal", afirmó.
Acuerdo de París
El acuerdo climático de París, que entró en vigor en 2016, fue firmado por 195 países y estableció objetivos para reducir las emisiones y limitar el calentamiento global a no más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.
Muchos grandes contaminadores son reacios a considerar otra legislación en relación con el cambio climático, según Nikki Reisch, directora del programa de clima y energía del Centro de Derecho Ambiental Internacional.
"Los escuchamos argumentar que la única ley relevante de la que se pueden derivar obligaciones legales es el Acuerdo de París. Y cuando uno analiza el texto de ese acuerdo, no exige demasiado", dijo Reisch a la Voz de América.
"Escuchamos a Estados Unidos tratando de alentar a la Corte y a otros a ignorar la historia, a esconder la conducta histórica de muchas décadas bajo la alfombra y decir que lo que sucedió antes de que se adoptara el acuerdo climático realmente no importa desde una perspectiva legal, y que el conocimiento durante muchas décadas de las causas y consecuencias del cambio climático no es relevante", dijo.
La opinión de los jueces es consultiva y no será legalmente vinculante. Sin embargo, tendrá implicaciones para todos los Estados, dijo Reisch.
"Esta opinión consultiva será una interpretación autorizada de lo que exige el Derecho Internacional vinculante. Por lo tanto, tendrá peso como una especie de modelo legal para la rendición de cuentas, o una guía para que los tribunales y los defensores de todo el mundo comprendan lo que exige el Derecho Internacional y lo que deberíamos exigir a los estados en términos de su acción climática y sus medidas para remediar el daño climático", dijo.
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