Más de 23.000 fusiles, pistolas, revólveres, morteros, lanza granadas y armas traumáticas modificadas que fueron incautadas a grupos ilegales se fundieron el jueves en Colombia para transformarse en elementos metálicos que serán usados como material de construcción.
“Estas armas que alguna vez representaron dolor y destrucción, hoy se transforman en acero y varilla, materiales esenciales para la construcción de puentes, viviendas, escuelas y plantas de tratamiento de aguas”, afirmó, en la jornada de fundición, el general Hugo López Barreto, jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas militares.
Colombia aún lidia con grupos al margen de la ley pese a que en 2016 el Estado firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Otros grupos armados ocuparon los territorios que antes dominaba la guerrilla, entre ellos algunas disidencias, y ahora se disputan el control de las economías ilegales.
El armamento ilegal fue transportado en tren y custodiado por militares por más de 200 kilómetros desde Bogotá hasta el municipio de Nobsa, donde se ubica la planta siderúrgica de Acerías PazDelRío, una empresa privada que por segundo año consecutivo realiza la fundición de armas.
Antes de ser fundidas en un horno eléctrico, las armas fueron enumeradas y algunas extendidas en una mesa, para luego ser bendecidas por un sacerdote católico como parte de un acto simbólico.
Desde 1992 han sido destruidas en Colombia más de 670.000 armas de fuego, según las fuerzas militares. Se trata de un procedimiento que según la ley deben seguir con el armamento incautado o entregado voluntariamente, siempre que no pueda ser reconvertido, para evitar que caiga nuevamente en manos de ilegales.
En 2024 se han fundido más de 50.000 armas incautadas a ilegales, una cifra similar a la alcanzada el año pasado. Con el material fundido, campesinos de la región recibieron en julio 200 kits de herramientas agrícolas como palas y picas que se elaboraron con el material resultante de las armas decomisadas.
En Colombia las armas son de uso privativo de la fuerza pública y sólo pueden ser utilizadas de manera excepcional por la población civil mediante permisos.
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