El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el lunes que el Estado no encubrirá a quienes hayan participado en el caso de la desaparición de cuatro niños, supuestamente a manos de militares, mientras organismos de defensa de derechos humanos y ciudadanos exigen en un plantón que el caso se investigue como desaparición forzada.
Los cuatro niños, de 11 años, dos de 14 y uno de 15, desaparecieron la noche del ocho de diciembre luego de jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, al sur de la ciudad costera Guayaquil, 265 kilómetros al suroeste de la capital, Quito.
Según la versión de su padre, dos vehículos con personas que llevaban uniforme militar llegaron a la zona, ante lo cual varios menores huyeron y cuatro fueron alcanzados y llevados en los autos, sin que se conozca hasta el momento su paradero.
“Estamos del lado de la justicia y haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie”, aseguró el mandatario ecuatoriano en una entrevista con radio Democracia.
Consultado sobre si se puede calificar al caso como una desaparición forzada, aseguró que es prematuro mientras la Fiscalía investiga y a la que solicitó que tome declaración “a todas las personas que estuvieron directa o indirectamente involucrados en esos días y en esas horas” en operativos.
“Tiene que haber completa colaboración de todas las instituciones del Estado, no pueden atrasar absolutamente nada, ésa es la disposición”, aseveró.
En los exteriores de la fiscalía en Guayaquil, decenas de personas se convocaron para reclamar respuestas sobre la ubicación de los niños, pero también para exigir que se investigue el caso como desaparición forzada, dijo a The Associated Press, Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente para la defensa de los Derechos Humanos.
Esto implica, señaló el activista, que estamos frente a “una grave violación de derechos humanos y que se debe procesar penalmente a los militares involucrados”.
Bastias afirmó que “en la madrugada se realizaron allanamientos a Taura (una base militar) y se habrían identificado los carros utilizados para detener a los menores”, por lo que cuestionó la versión del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en un pronunciamiento previo asegurando que estarían involucrados grupos de delincuencia organizada.
La AP solicitó información a la Fiscalía sobre el presunto allanamiento pero no obtuvo respuesta de inmediato.
El caso que ha conmocionado al país y se difunde en redes sociales como “Los cuatro de Guayaquil”, llevó a la Asamblea a solicitar la presencia el lunes de varias autoridades del Estado para que informen sobre “la presunta desaparición forzada de los menores de edad”.
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Ecuador (ASFADEC) expresó en un comunicado su “profunda preocupación” por el caso y recordó que la desaparición de personas constituye un delito de lesa humanidad. “La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir terror ”, agregó el reporte y solicitó celeridad en las investigaciones.
La desaparición forzada cometida por un agente estatal en violación de los derechos y garantías constitucionales es penada la legislación ecuatoriana con 26 años de prisión.
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