Una normativa de la era del expresidente de Estados Unidos Donald Trump que limitaba la autoridad de los jueces de inmigración para gestionar los expedientes de los casos y alargaba los procesos de apelación, podría ser derogada completamente, según una propuesta presentada este jueves por la administración del demócrata Joe Biden.
La AA96 Final Rule, emitida en diciembre de 2020 bajo el mandato del entonces presidente Trump, fue prohibida meses después en marzo de 2021, tras la toma de posesión de Biden y no se encuentra en vigor, especifica un documento publicado por el Departamento de Justicia (DOJ en inglés).
Según el DOJ, la regla establecía limitaciones a "la autoridad de los jueces de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración para gestionar sus expedientes y disponer eficientemente de ellos".
Ahora, el actual gobierno propone su total derogación para en su lugar volver a poner en vigencia las normativas anteriores a la regla AA96.
La restauración de las regulaciones anteriores "promoverá la resolución eficiente y expedita de los casos, permitirá
los jueces de inmigración y la flexibilidad de Junta de
Apelaciones de Inmigración para asignar eficientemente sus recursos limitados, y proteger el debido proceso para las partes ante jueces de inmigración y la Junta", insiste el documento.
La AA96 Final Rule requería sesiones informativas simultáneas para cada apelación y dificultaba la capacidad de los jueces y la Junta suspender los casos mientras el servicio de Inmigración de EEUU terminaba el proceso de concesión de visas pendientes a no ciudadanos
La normativa también "restringió la autoridad de la Junta de Apelaciones y su discreción para devolver asuntos a jueces de inmigración a la luz de errores legales y fácticos".
El presidente Joe Biden se ha referido en más de una ocasión al "gran atraso" en los procesos migratorios y los casos de asilo heredados de la anterior administración.
El récord en llegadas a las fronteras de EEUU en los últimos dos años no ha ayudado a destrabar el sistema, que requiere de más jueces y personal judicial para agilizar los procesos, estancados por años, de acuerdo con la actual administración, que ha pedido al Congreso más fondos para manejar la situación.
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