Venezuela, El Salvador y Paraguay han sido señalados en un informe de Amnistía Internacional (AI) por dejar de lado los derechos humanos en pos de establecer los periodos de cuarentena en la pandemia del coronavirus.
El informe de medio centenar de páginas se titula “Cuando la protección se vuelve represión”.
Amnistía explica en el documento los procedimientos de estos tres gobiernos para el sometimiento a las cuarentenas estatales, las condiciones de los confinamientos, las “detenciones arbitrarias” y los límites al servicio de información, entre otros.
“En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen”, señaló Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
En el caso de Venezuela, Guevara Rosas explicó que se trata del ejemplo “más inquietante de campañas de estigmatización y discriminación auspiciadas por el Estado”.
La activista agregó que “todas las personas que han regresado a Venezuela en los últimos meses fueron obligadas a recluirse en instalaciones destinadas a la cuarentena mientras altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro afirmaban que las que volvían de Colombia eran “armas biológicas” enviadas para infectar a la población”.
La investigación señala al gobierno de El Salvador, en la persona de su ministro de Justicia por amenazar a las personas que incumplieran el confinamiento nacional con ser enviadas a un centro de contención, “lejos de sus familias”.
Paraguay, aunque es reconocido por haber mejorado las condiciones, AI cita a un testigo que dijo a la organización que en uno de estos centros “las personas que no se sentían bien no recibían atención médica”.
En un vídeo emitido desde Paraguay, verificado por Amnistía Internacional, “un grupo de más de 100 personas denunciaba que carecían de acceso a atención médica a pesar de que algunas habían informado que tenían fiebre y dolores en el cuerpo”.