El centro de estudios The Dialogue, con sede en Washington, ha denunciado que la pandemia ha servido de "excusa" para que "algunos gobiernos" del continente americano cercenen la libertad de expresión.
"Bajo la excusa de la respuesta a la COVID-19, algunos gobiernos en las Américas han dado pasos para criminalizar la libertad de expresión, restringir el acceso a información pública o difundir desinformación relacionada con la pandemia", señaló el lunes la institución, al dar a conocer su informe 'COVID-19 y la Libertad de Expresión en las Américas'.
The Dialogue identifica tres "tendencias preocupantes" que amenazan la libertad de expresión en el continente: una mayor presión a periodistas y medios de comunicación, límites al acceso a la información y campañas de desinformación online, "en algunos casos promulgadas por funcionarios públicos".
En esa primera tendencia, la organización resalta los casos de Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua por haber "estigmatizado" a la prensa por su cobertura de la crisis sanitaria.
“El presidente estadounidense Donald Trump atacó a los medios a fines de marzo durante una conferencia de prensa, llamándolos deshonestos por su cobertura de su manejo de la crisis y declarando que los periodistas «verdaderamente dañan a nuestro país»”, reza el informe de 32 páginas, que reseña, además, que el mandatario se encaró con ocho periodistas entre el 16 de marzo y el 15 de mayo.
En el caso de Guatemala, el centro de estudios destaca las declaraciones del presidente Alejandro
Giammattei, del 21 de marzo, en que aseguró: “Desearía poner a la prensa en cuarentena, pero
no puedo”.
En Nicaragua, el informe lamenta que el presidente Daniel Ortega "acusó a los medios de difundir noticias falsas sobre el ocultamiento de las cifras de COVID-19 por parte del gobierno", caracterizando esos reportes como “terrorismo desinformativo”.
![Violeta Granera, activista social de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Nicaragua. [Foto: Daliana Ocaña/VOA].](https://gdb.voanews.com/5c56c6ef-0d92-44ef-bb35-32ea84a8d60d_w100_r1.jpg)
Asimismo, el informe denuncia que algunas Administraciones han limitado el acceso a la información relacionada con el impacto de la pandemia, lo que supone una violación "activa y pasiva" de sus obligaciones.
“Esto incluye su deber de informar de manera activa sobre el impacto de la pandemia el gasto en emergencias, y el priorizar solicitudes de información relacionadas con la crisis de sanidad pública", destacaba el comunicado, que también hace referencia a las "restricciones arbitrarias” sufridas por algunos periodistas.
Campañas de desinformación
Por último, la institución aborda las campañas de desinformación orquestadas, en algunos casos, por los propios "funcionarios públicos". En este sentido, resalta el caso del presidente Trump.
“En los Estados Unidos, el presidente Trump ha promovido tratamientos falsos para la COVID-19, y sugerido que los desinfectantes y la luz ultravioleta pueden ser posibles curas. También ha repetido en numerosas ocasiones que la hidroxicloroquina podía ser usada para tratar la COVID-19, a pesar de que ha sido desmentido por la evidencia científica”.
Además de este caso, The Dialogue llama la atención sobre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien acusa de criticar las medidas de distanciamiento y de fomentar, al igual que su homólogo estadounidense, el uso de la hidroxicloroquina. En el caso de Nicaragua, el informe critica que el Gobierno impulsó "campañas de desinformación para minimizar la amenaza" de la pandemia y cita específicamente la organización de eventos masivos como el desfile 'Amor en Tiempos de Covid-19'.
Mención aparte merece el caso de Venezuela, donde el presidente en disputa, Nicolás Maduro, "inicialmente declaró que la COVID-19 fue creada como arma biológica contra China" y tuiteó "una receta para un té de jengibre con limón por sus supuestos beneficios" contra el nuevo coronavirus.
"Como señalamos, los gobiernos tienen tanto el interés legítimo como la responsabilidad de desmentir información errónea relativa a la pandemia a fin de equipar a los ciudadanos con la información que necesitan para proteger su salud y la de sus comunidades. Sin embargo, esas medidas deben ser compatibles con el respeto a la libertad de expresión", zanja el informe.
