La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH entregó el miércoles un informe, tras su visita en junio al país, elaborado en medio de las protestas y el paro nacional que inició el pasado 28 de abril y frente a las denuncias de los abusos y exceso de la fuerza por parte de la policía.
Durante la presentación, la presidenta de la comisión, Antonia Urrejola, señaló que el organismo "constató que, de manera reiterada, en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En muchos casos, la actuación incluyó la fuerza letal".
Urrejola reseñó que el 89% de las protestas fueron pacíficas. Sin embargo, expresó su preocupación por que, en el 11% restante, se presentaron "graves afectaciones a los derechos tanto de manifestantes como de personas ajenas a la protestas y servidores públicos" y la "suma preocupación la existencia de un clima de polarización", sobre todo cuando proviene de las autoridades públicas.
La presidenta también señaló que la comisión recibió información sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género y con base en la discriminación del grupo étnico racial, la violencia contra periodistas y misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, denuncias de desaparición, el uso de la asistencia militar de manera inadecuada, la aplicación de facultades disciplinarias en contra de personas electas para cargos públicos.
También, entre los hallazgos, señaló el "empleo indiscriminado de armas de fuego contra personas que no participaban en la protestas, especialmente en Cali y municipios del Valle del Cauca".
Aunque el número de víctimas difiere entre organizaciones de la sociedad civil y datos oficiales, Urrejola condenó el alto número de vidas humanas perdidas.
Traslados y bloqueos
Otra de las preocupaciones estuvo enfocada en las detenciones de personas, a través del mecanismo de traslado por protección, que en algunos casos, según denuncias, incluía la "tortura".
La presidenta, al ser interrogada al respecto por la Voz de América, explicó que la Procuraduría dio la cifra de más de 7.000 traslados y que la comisión recibió información de testimonios que señalan que los traslados "están siendo efectuados en varios casos con fines de carácter punitivo o como un medio para disuadir la protesta" y que es grave porque dicha figura como fue concebida, carece de control judicial" y restringe la libertad.
"De acuerdo a los testimonios que recibimos, se estaría haciendo un abuso de esta figura y la preocupación es que esta figura no tiene un control judicial, lo que permite dejar a la discrecionalidad del policía cómo trata a la persona", agregó.
La presidenta Urrejola señaló que en el tema de los bloqueos a las vías del país hace parte de las formas de protesta y que “esto implica que el Estado no puede prohibir en general a esta modalidad de la protesta”.
"Las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad de su protesta, el Estado no puede imponer restricciones a priori que desnaturalicen la protesta", dijo. Y añadió que, aunque la situación generó "serias afectaciones particulares y colectivas", la Comisión resaltó que es preocupante que "las inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de los cortes de ruta conduzcan a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta".
El informe también señaló las denuncias estatales y de organizaciones de la sociedad civil sobre la infiltración de grupos o sujetos vandálicos en medio de las protestas.
Mecanismo especial de seguimiento
La comisión anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, para consolidar la paz y generar diálogo con el Estado. Según la presienta, un equipo trabajará para darle seguimiento a la implementaciones de las recomendaciones dadas por la comisión.
El Comisionado Joel Hernández agregó que no se trata de un "mecanismo de control", sino que es "de seguimiento". "No tiene otro propósito sino el de ser un coadyuvante del Estado ante las 40 recomendaciones, puede permitir un diálogo fluido entre el Estado, la sociedad civil y la propia Comisión para llevar adelante las recomendaciones".
El gobierno colombiano rechazó esta iniciativa.
Principales recomendaciones
Una de las principales recomendaciones de la Comisión se enfocó en la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa con el objetivo de "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares".
Así mismo, promover y reforzar un proceso nacional de diálogo, respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, a través de una investigación objetiva, juzgar y sancionar a los responsables de la violación de derechos humanos, reparar a las víctimas y sus familiares, adoptar las medidas necesarias para el acceso a la justicia para personas víctimas de violencia de género y étnico racial, y dar garantía y protección de derechos económicos.
![Manifestación pacífica en el Monumento a Los Héroes, en Bogotá, el 15 de mayo de 2021. [Foto: Cortesía Valentina Laverde]](https://gdb.voanews.com/ad4a7a73-fe21-4725-87e4-26f2941356c9_w100_r1.jpg)
Todo ello además de aprobar una ley estatutaria que regule el derecho a la protesta, según lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales.
Sobre el panorama, si Colombia incumple las recomendaciones de la Comisión, Urrejola dijo que el Gobierno debe cumplir con las obligaciones internacionales. "Hemos hecho esta visita y establecido las recomendaciones, continuaremos en un diálogo con el Estado, algunas son más simples de cumplir, otras más complejas, entendemos que hay una buena fe por parte del Estado desde que autorizó la visita a Colombia", declaró.
Frente al informe de la CIDH, el presidente Iván Duque dijo que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad” y que ha sido "respetuoso de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía".
Respecto a la recomendación que hace la CIDH sobre que la Policía Nacional no se mantenga en el Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado consideró que “ese no es un tema de capricho en Colombia”, porque “desde prácticamente el segundo Gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable.
Durante su visita, la Comisión informó que recibió información de 302 testimonios de forma individual y colectiva, y que se escucharon a más de 500 personas.
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