La presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su visita a Colombia, en el que se advierte que hubo violaciones de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en medio de las protestas, provocó fuertes reacciones en el Gobierno colombiano.
“Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un Gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica, como una expresión de la ciudadanía”, precisó el presidente Iván Duque, ante los medios de comunicación.
El mandatario también señaló que los actos vandálicos generaron consecuencias negativas al país y que "los bloqueos que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la Constitución y la Ley, y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la Ley les otorga”.
La respuesta de Duque se dio después de que la CIDH manifestó que los bloqueos hacen parte de las formas de protesta y que “esto implica que el Estado no puede prohibir en general a esta modalidad de la protesta”.
Cifras sin contraste y temas que no corresponden
Tras las declaraciones del mandatario, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que, aunque agradeció que el organismo internacional reconociera que el Estado colombiano "cuenta con una institucionalidad democrática sólida" y que coincide con algunas observaciones, dice que es innecesaria la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, para generar diálogo con el Estado.
Además, señala que el Gobierno ha condenado la violencia durante las protestas y que la Fiscalía avanza en las investigaciones de los delitos y, con relación al uso de la fuerza, la cancillería dice que los "eventos han sido excepcionales y han obedecido únicamente a situaciones en las que resultó necesaria la intervención de la Policía Nacional" y que el hecho de que solo el 11% de las manifestaciones sean pacíficas demuestra que el Gobierno garantiza la protesta pública pacífica.
El Gobierno también señala que algunas de las cifras presentadas del informe carecen de contraste y "que se toman como ciertas las afirmaciones de algunas organizaciones, mientras en otros casos, se pone en duda la información entregada, especialmente por las víctimas de los bloqueos", lo cuales, según el Gobierno, no son una forma de manifestación legítima.
El Gobierno además argumenta que el informe menciona temas que no corresponden al objeto de la visita, la cual se realizó el pasado mes de junio al país.
Reacciones divididas
Los sectores afines al Gobierno aseguraron que la postura de CIDH sobre bloqueos es 'un insulto' para colombianos. Así lo señaló Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático, quien manifestó que el informe "que dice que no se pueden impedir los bloqueos es un insulto para los colombianos que están buscando empleo y para los que lo tienen".
Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra, del mismo partido, calificó de "inaceptable" el informe y trinó que " reafirma el sesgo ideológico con el que actúa".
Por otro lado, sectores de la oposición apoyaron el informe. El senador y uno de los principales opositores de Duque, Gustavo Petro, escribió en Twitter que "el informe de la CIDH dice lo que todo el mundo sabe en Colombia, que el gobierno de Duque quebró la constitución y uso la fuerza pública de manera criminal. Algunos apoyan eso. Los que creemos en un país democrático no podemos ser cómplices del terrorismo de estado".
El legislador opositor, Iván Cepeda, publicó un hilo en Twitter, en el que señaló que, entre otros temas, que "por su tono molesto y su estilo mendaz, la respuesta de Duque a la Comisión Interamericana de DD.HH. es la de cualquier jefe totalitario ante un informe riguroso en el que un organismo internacional lo interpela por los crímenes que la policía está perpetrando en su país".
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