La deportación de 98 ciudadanos venezolanos desde la isla de Trinidad y Tobago hacia Venezuela el pasado fin de semana desembocó en una alerta emitida este jueves por la organización Amnistía Internacional (AI).
“Las recientes medidas adoptadas por las autoridades de Trinidad y Tobago son sumamente alarmantes”, dijo la directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara-Rosas.
Se trata de casi un centenar de venezolanos “detenidos y considerados ilegales”, que fueron devueltos a su país en la madrugada del sábado 12 de agosto y que formaban parte de un grupo de 200 detenidos en un popular local nocturno en la capital Puerto España, indicó la agencia AFP.
En el comunicado, Amnistía citó sus propios datos alegando que el 25 % de la población venezolana se vio forzada a huir de su propio país en los últimos años debido a “la crisis de derechos humanos y emergencia humanitaria” que allí se vive.
Según la oficina de Refugiados de la ONU (ACNUR), unos 7 millones de venezolanos salieron de su país buscando refugio en diversas partes del mundo, de ellos al menos 6 millones han encontrado cobijo en países de América Latina y el Caribe.
ACNUR informa que un millón de venezolanos ha pedido asilo en diferentes naciones.
“El derecho internacional no deja ningún margen a dudas: las personas refugiadas y solicitantes de asilo en todo el mundo no pueden ser devueltas a donde su vida e integridad corran peligro. Nadie puede ser sujeto a expulsiones masivas”, resaltó Guevara-Rosas.
La isla caribeña no es firmante de la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, pactada en esa ciudad estadounidense en junio de 2022 durante la IX Cumbre de las Américas, y en la que los gobiernos participantes se comprometieron a “proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
Amnistía apeló a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 para persuadir a Trinidad y Tobago de su política de devolución de los migrantes.
“Es imperativo que se detenga de inmediato la deportación de aquellas personas que enfrentan riesgos de persecución y violaciones de derechos humanos en sus lugares de origen”, indicó la organización.
El juez Frank Seepersad, de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago señaló que la Convención de Refugiados de 1951 no es aplicable en ese país debido a que nunca fue ratificada, por lo que todos los inmigrantes quedan sujetos a la Ley de Inmigración y pueden ser deportados aún bajo solicitud de asilo, informa AFP.
[Luis Felipe Rojas, reportero de VOA contribuyó desde Miami con este reporte. Parte de la información provino de la Agence France-Presse]
