Las autoridades de inmigración de Estados Unidos informaron el lunes que ha habido un aumento del 60 por ciento en el número de auditorías realizadas a empleadores para verificar el estatus legal de sus empleados en lo que va del año fiscal.
Según las últimas cifras del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del 1 de octubre de 2017 al cuatro de mayo de 2018 han realizado 2.282 auditorías en comparación con las 1.360 registradas entre octubre de 2016 y septiembre de 2017.
El objetivo es crear una “cultura de cumplimiento” de la ley de inmigración, ha expresado reiteradas veces el presidente Donald Trump.
Como parte de esta política, también se ha elaborado un plan a largo plazo para examinar más de cerca las prácticas de contratación de los empleadores.
Según una ley federal de 1986, las empresas deben verificar que sus empleados estén autorizados para trabajar en Estados Unidos revisando sus documentos y verificando el gobierno la identidad de los empleados y la autorización para trabajar. Si se encuentra que los empleadores contratan a alguien sin los documentos adecuados, pueden estar sujetos a multas administrativas y, en algunos casos, a enjuiciamiento criminal.
El aumento de este tipo de auditorías se produjo luego de que ICE realizara auditorías el pasado mes de enero a 100 tiendas 7-Eleven en 17 estados.
El resultado fue un total de 594 empleadores arrestados por cargos de inmigración criminal del 1 de octubre al cuatro de mayo, en comparación con 139 durante el año fiscal anterior, y 610 cargos de inmigración civil durante el mismo período, en comparación con 172 en los 12 meses anteriores.
Derek Benner, jefe de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, dijo a la agencia AP que otra ola de auditorías planeadas para este verano elevará el número total a más de 5.000 para el 30 de septiembre. Las auditorías de ICE alcanzaron 3.127 en 2013.
La agencia ha desarrollado un plan para realizar hasta 15,000 auditorías al año, sujeto a fondos y apoyo para el plan de otras áreas de la administración, dijo Benner.
El funcionario agregó que la agencia se enfocará tanto en casos criminales contra empleadores como en la deportación de empleados que están ilegalmente en el país.
La contratación ilegal crea ventajas injustas para las empresas, anima a las personas a venir ilegalmente a EE.UU., da como resultado fraude de documentos e identidad y expone a los trabajadores a condiciones potencialmente peligrosas sin pago de horas extras ni seguro médico, señaló Derek Benner.
