Un investigador designado por un tribunal llegó a la conclusión de que oficiales de alto rango de la oficina del sheriff de Phoenix, Joe Arpaio, ignoraron la orden de un juez federal de suspender las redadas de hispanos, según documentos obtenidos por la agengia de noticias The Associated Press.
El investigador determinó asimismo que una pesquisa interna fue manipulada para amparar a esos oficiales.
La conclusión llega en momentos en que Arpaio y uno de los exoficiales identificados en la investigación se postulan para sheriff (alguacil) del condado de Maricopa, el más poblado de Arizona, en las primarias republicanas.
La investigación abarcó denuncias de irregularidades en la dependencia de Arpaio de fines del 2011 al 2016. Arpaio, quien ganó proyección nacional con su persecución de inmigrantes que están en el país sin permiso, perdió su puesto en el 2016.
Arpaio, quien se describía como el policía más duro de Estados Unidos, fue condenado por desacato por negarse a poner fin a las detenciones de personas en busca de inmigrantes sin permiso de residencia, pero fue perdonado por el presidente Donald Trump, quien elogió sus esfuerzos por “proteger al público del flagelo del crimen y la inmigración ilegal”.
Uno de los oficiales criticados por el investigador es Jerry Sheridan, quien fuera segundo de Arpaio y que enfrenta a su viejo jefe en las primarias. Sheridan dice que nunca se enteró de la orden del juez cuando servía como segundo de Arpaio, pero el informe del investigador señala que estuvo presente en una reunión con Arpaio en la que se habló del tema.
El investigador, Daniel Giaquinto, es un exfiscal y juez. Fue contratado por el juez de distrito Murray Snow para que reconsiderara los manejos de la oficina de Arpaio después de que un juez criticara algunas de las investigaciones realizadas, aduciendo que habían sido prejuiciadas para proteger a algunos oficiales involucrados.
Las conclusiones de Giaquinto en el 2017, alcanzadas luego de que Arpaio dejase de ser sheriff, no fueron dadas a conocer. La oficina del sheriff de Maricopa sostuvo que no podían ser difundidas hasta que los empleados mencionados en el informe fuesen disciplinados, pero fueron dadas a conocer después de que así lo exigiera la First Amendment Clinic de la Universidad Estatal de Arizona a pedido de AP.
En los documentos, Giaquinto criticó duramente la designación en el 2015 de Mike Olson para decidir si Sheridan debía ser disciplinado por no hacer cumplir la orden de suspender las redadas de inmigrantes. Sheridan fue jefe de Olson y los dos eran amigos, según dice el investigador en sus conclusiones.
“Esta impropiedad estructural hizo que lo que debió haber sido un proceso independiente e imparcial pareciese amañado en beneficio del departamento” del sheriff, expresó Giaquinto.
Sheridan no dirigió la unidad a cargo de las redadas inmigratorias, pero Giaquinto comprobó que, como segundo de Arpaio, Sheridan tenía la responsabilidad de asegurarse de que se cumplía la orden del juez, señalan los documentos.
Giaquinto sostuvo que “abundante evidencia indica que el subjefe Sheridan fue informado acerca de la orden de suspender las redadas de inmigrantes poco después de ser emitida y se mantuvo indiferente”. Agregó que otros cuatro jefes, dos de ellos de alto rango, tampoco hicieron presión para que el departamento cumpliese la orden.
Arpaio y Sheridan se preguntaron si la difusión del informe tuvo fines políticos, a pesar de que la AP la venía pidiendo desde hace dos años.
“¿Por qué se salen con esto ahora? Es sospechoso, dado que me postulo a sheriff”, dijo Arpaio en una entrevista.
Sheridan consideró las conclusiones del investigador injustas, asegurando que él se enfocaba en otras cosas, incluidas numerosas investigaciones de delitos sexuales que el departamento había manejado mal, cuando se emitió la orden sobre las redadas de inmigrantes.
“No me gusta esta injusticia”, dijo Sheridan, añadiendo que no se postularía para sheriff si pensase que su “reputación está arruinada”.
La oficina del sheriff está ahora en manos del demócrata Paul Penzone, quien derrotó a Arpaio en la última elección. Penzone negó cualquier motivación política en la difusión del informe de Giaquinto.
En otro caso que examinó Giaquinto, el investigador contradijo el resultado de una pesquisa interna de la oficina del sheriff sobre por qué los jefes del departamento no supervisaron debidamente a un agente cuya detención reveló que varios oficiales se estaban quedando con pertenencias de personas detenidas por infracciones de tráfico, incluidos inmigrantes, sin documentar las confiscaciones ni entregar los objetos a la oficina encargada de recibirlas.
El agente en cuestión, Ramón Armendáriz, denunció en el 2014 que su casa había sido robada y la policía lo encontró disparando un revólver con municiones de gas pimienta a un asaltante imaginario en su garaje. Se pensó que estaba drogado o teniendo alucinaciones.
En su casa se encontraron drogas ilegales, cientos de identificaciones y de placas de autos, bolsas con evidencia abiertas y 4.300 video clips de paradas por infracciones de tráfico que no habían sido presentadas en el caso de caracterización racial que dio lugar a la orden de un juez de suspender las redadas de inmigrantes.
Armendáriz, que participaba en esas patrullas, acusó a varios agentes de la unidad de inmigración de cometer irregularidades. Días después apareció muerto, en lo que fue considerado un suicidio.
Antes de que las autoridades encontraran todas esas cosas en su casa, Armendáriz había sido acusado de violencia doméstica, de robarle 300 dólares a una mujer que había detenido y de usar un arma paralizante contra un individuo de 20 años que estaba esposado, detenido bajo sospecha de estar ebrio en una fiesta escolar, de acuerdo con el informe de Giaquinto.
Olson determinó inicialmente que cuatro jefes no habían supervisado debidamente a Armendáriz, pero posteriormente dio marcha atrás y dijo que solo uno no había supervisado bien al agente.
Ese jefe recibió una suspensión de 40 horas sin goce de sueldo. El oficial fue promovido y recibió un aumento de sueldo mientras se llevaba a cabo la investigación interna.
Al dar marcha atrás, Olson dijo que no era justo disciplinar a jefes que habían tratado de sacar a Armendáriz de la unidad de inmigración. Afirmó que tropezaron con Brian Sands, el supervisor de esa unidad.
Olson, quien se jubiló en el 2017, negó que haya recibido presión alguna.
Giaquinto, por su parte, rechazó la idea de que hubo un solo oficial responsable. Dijo que hubo seis supervisores que debieron haber tomado medidas contra Armendáriz, incluidos Sands y el oficial que recibió un aumento.
Sands, quien se jubiló a mediados del 2013, dijo que no estaba al tanto de la gravedad de los problemas disciplinarios de Armendáriz en ese momento.
“No me informaron”, declaró.
