Hondureños y nicaragüenses amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) ven con preocupación las fechas de vencimiento del beneficio migratorio previstas para julio de este año, con el temor de experimentar una nueva cancelación del estatus bajo la segunda administración del presidente Donald Trump.
El hondureño Mardoel Hernández miembro de la Alianza Nacional del TPS, dijo a la Voz de América que durante casi ocho años, la organización ha trabajado para defender el TPS, desde que la administración Trump canceló en 2018 el beneficio a seis países entre estos Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal.
Y que en la actualidad ven el mismo patrón en el anuncio de la cancelación del programa a miles de venezolanos, que verán expirar su estatus legal el 7 de abril próximo, y el fin de la protección para haitianos, para quienes terminará en agosto.
“Tenemos fe, y ojalá no toque la misma suerte a Honduras, pero al mismo tiempo estamos preparados a lo que pueda suceder y continuar de manera organizada”, afirmó Hernández.
La designación vigente para Honduras culmina el 5 de julio, luego de la prórroga de 18 meses autorizada el 6 de enero de 2024. Esta nación centroamericana tiene unos 56.000 inmigrantes en Estados Unidos amparados por el programa. Para Nicaragua también aplica la misma fecha. Esa nación tiene unos 5.000 beneficiarios del TPS en EEUU.
El reglamento indica que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) deberá notificar cualquier acción sobre el TPS al menos 60 días antes de la terminación de la extensión vigente, con lo que los inmigrantes de esos países esperan el anuncio que surgiría a más tardar a principios de mayo.
Estados Unidos otorgó en enero 1999 el beneficio migratorio a Honduras y Nicaragua luego del paso del huracán Mitch -a finales de 1998- por los países centroamericanos, causando destrucción y mortandad en las dos naciones.
Cancelaciones del TPS
El gobierno de Estados Unidos a través de su publicación en el Registro Federal a principios de febrero explicó las razones para cancelar el TPS a más de 348.000 venezolanos. La adjudicación del mismo fue contraria a “los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, explicó la secretaria de DHS, Kristi Noem.
Además, indicó que el país sudamericano ha experimentado mejoras que permiten el retorno forzado de sus emigrantes. “En general, ciertas condiciones para la designación de Venezuela al TPS de 2023 pueden continuar; sin embargo, hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y el crimen que permiten que estos nacionales regresen de manera segura a su país de origen”, apuntó el DHS.
La protección también expirará el 3 de agosto para 521.000 haitianos que se encuentran en el país. El DHS dijo en un comunicado que durante décadas, "el sistema TPS ha sido explotado y abusado".
Según el Departamento de Seguridad Nacional, "Haití ha sido designado para el TPS desde 2010. Los datos muestran que cada extensión de la designación TPS del país permitió que más ciudadanos haitianos, incluso aquellos que ingresaron a los EEUU ilegalmente, calificaran para el estatus de protección legal".
La primera administración Trump dijo en 2018 -al proceder a las sucesivas cancelaciones a seis países, tres de estos centroamericanos- que las condiciones por las que fue avalado el programa habían cambiado.
Para el caso de Honduras y Nicaragua, DHS señaló en enero de 2018 que "después de una revisión de las condiciones ambientales relacionadas con el desastre (huracán Mitch) en las que se basó la designación original del país en 1999", esas estaban superadas.
Lo mismo ocurrió con los salvadoreños a los que se les ofreció un TPS después de los desastrosos terremotos de principios de 2001. Al avaluar las condiciones del país en 2018, DHS determinó que “ya no justifican su designación al TPS y que la terminación de dicha designación es obligatoria según la ley”.
A los tres países centroamericanos se les ofreció 18 meses adicionales para proceder al traslado a sus países en una “transición ordenada”; no obstante, aquello sólo fue el punto de partida para largos procesos judiciales que llevaron a sucesivos fallos. La administración del expresidente Joe Biden, desistió en 2021 de seguir las querellas y reactivó el TPS para los seis países.
Incertidumbre y temor
El salvadoreño Concepción Morales, también beneficiario y activista por la causa del TPS, comentó a la VOA durante un evento de exposición fotográfica de “Vidas tepesianas” en una plaza en Washington, que la incertidumbre actual “genera mucho temor” entre los inmigrantes protegidos por este programa.
Morales indicó que esta situación es parecida a la de la primera administración del presidente Donald Trump.
“En este momento tenemos toda la experiencia de lo que vivimos el 2017. Hoy nos estamos poniendo a la disposición de cómo guiar a este grupo de países como Venezuela que son los que están inmediatos en la línea de fuego”, opinó.
El activista aseguró que el aprendizaje del proceso les ofrece herramientas para apoyar a inmigrantes de otros países que son afectados, mientras vuelven a reactivarse para estar a la espera de las decisiones y volver a las batallas en las cortes federales.
Morales dijo que los salvadoreños respiran con cierta tranquilidad porque la vigencia de la última prórroga culmina el 9 de septiembre de 2026, luego de que el expresidente Joe Biden, extendió el TPS para ese país justo a 10 días de culminar su mandato.
Se estima que unos 165.000 salvadoreños están amparados con TPS, son el segundo mayor grupo después de los venezolanos.
Morales advirtió que el tiempo avanza y que lo mejor es estar preparados y articular esfuerzos con otros grupos para plantar unidad ante una afectación común.
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