El Tribunal Supremo de Brasil dio por concluido este lunes el llamado “juicio del siglo” en el que resultaron condenados 25 políticos y empresarios de ese país involucrados en una trama de corrupción, entre 2002 y 2003, durante el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
La Cámara de Diputados brasileña se oponía a que sin un juicio político fueran despojados de sus mandatos los tres diputados sentenciados en la causa, pero el Supremo decidió no hacer una excepción con los legisladores.
Joaquim Barbosa, presidente del tribunal, anunció en una audiencia pública que por decisión unánime han quedado suspendidos los derechos políticos de todos los sentenciados. “Por mayoría, los condenados quedan impedidos de ejercer mandatos representativos", dijo.
Los diputados destituidos son Joao Cunha, del gobernante Partido de los Trabajadores, Valdemar Costa Neto, del Partido de la República, y Pedro Henry, del Partido Progresista. Estas dos últimas agrupaciones forman parte de la coalición que gobernó con Lula y lo hace hoy con su sucesora, Dilma Rousseff.
Uno de los implicados de mayor relieve político sentenciado en la causa fue José Dirceu, quien llegó a ser ministro de la presidencia y se le consideraba la “mano derecha” durante el primer mandato de Lula.
Los integrantes de la red fueron hallados culpables de sobornar a legisladores para comprar apoyo político a favor del presidente Lula, quien niega haber tenido conocimiento de los hechos.
La Cámara de Diputados brasileña se oponía a que sin un juicio político fueran despojados de sus mandatos los tres diputados sentenciados en la causa, pero el Supremo decidió no hacer una excepción con los legisladores.
Joaquim Barbosa, presidente del tribunal, anunció en una audiencia pública que por decisión unánime han quedado suspendidos los derechos políticos de todos los sentenciados. “Por mayoría, los condenados quedan impedidos de ejercer mandatos representativos", dijo.
Los diputados destituidos son Joao Cunha, del gobernante Partido de los Trabajadores, Valdemar Costa Neto, del Partido de la República, y Pedro Henry, del Partido Progresista. Estas dos últimas agrupaciones forman parte de la coalición que gobernó con Lula y lo hace hoy con su sucesora, Dilma Rousseff.
Uno de los implicados de mayor relieve político sentenciado en la causa fue José Dirceu, quien llegó a ser ministro de la presidencia y se le consideraba la “mano derecha” durante el primer mandato de Lula.
Los integrantes de la red fueron hallados culpables de sobornar a legisladores para comprar apoyo político a favor del presidente Lula, quien niega haber tenido conocimiento de los hechos.
