El gobierno de California propuso poner fin a la divulgación pública de las investigaciones de policías abusivos y corruptos, cediendo la responsabilidad a las agencias locales en un intento por ayudar a cubrir un déficit presupuestario estimado de 31.500 millones de dólares.
La propuesta, parte del paquete presupuestario que el gobernador Gavin Newsom sigue negociando con la legislatura, ha generado fuertes críticas de una coalición de grupos de justicia penal y libertad de prensa, que pasó años presionando por las reglas de divulgación que formaban parte de una ley histórica que Newsom firmó en 2021.
La ley permite que la Comisión estatal de Estándares y Capacitación de Oficiales de Paz investigue y retire la certificación de los oficiales de policía por mala conducta, como el uso de fuerza excesiva, agresión sexual y deshonestidad. Requiere que la comisión haga públicos los registros de los casos de descertificación.
El gobierno de Newsom ahora quiere deshacerse de ese elemento de transparencia. La Comisión indica que la población aún podría obtener los registros de los departamentos de policía. Pero los defensores afirman que los departamentos de policía locales a menudo se resisten a divulgar esa información.
Varios estados con un proceso de descertificación policial, incluyendo los gobernados por republicanos como Tennessee y Georgia, requieren que las agencias estatales divulguen los registros de mala conducta policial.
En Tennessee, los registros disponibles a través del requisito proporcionaron una gran cantidad de nuevos detalles sobre las acciones de los agentes de policía cuando golpearon brutalmente al afroestadounidense Tyre Nichols durante una parada de tráfico a principios de este año. Esos detalles, publicados por la comisión de certificación de la policía estatal, no fueron hechos públicos previamente por el departamento de policía local.
“Es una bofetada para los miembros de la familia a quienes les han robado a sus seres queridos que... no se está respetando una disposición clave del proceso de descertificación”, señaló J Vasquez, del grupo de justicia social Communities United For Restorative Justice, en una conferencia de prensa la semana pasada.
Eliminar el elemento de transparencia de la ley de 2021 seguiría erosionando la confianza pública, advirtió la alcaldesa interina de Antioch, Tamisha Torres-Walker. La ciudad, a 72 kilómetros (45 millas) al este de San Francisco, se sacudió después que una pesquisa federal reveló que más de la mitad de los agentes de la fuerza policial de Antioch estaban en un grupo de mensajes de texto en que algunos policías usaban libremente insultos racistas y se jactaban de fabricar evidencia y golpear a sospechosos.
“No creo que sea un proceso justo decir ‘acudamos a las personas mismas que cometen los delitos contra su comunidad y pidámosles que se revelen ellos mismos para que rindan cuentas’”, dijo Torres-Walker.
La coalición de más de 20 grupos, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles, también acusó al gobernador demócrata de abusar del proceso presupuestario para impulsar su propuesta presentada en abril.
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