Grupos ecologistas se preparan para acudir a los tribunales y plantar batalla a la amplia orden ejecutiva firmada el martes por el presidente Donald Trump, que busca revertir las medidas de su predecesor contra el calentamiento global.
Los ambientalistas, que han contratado a decenas de nuevos abogados y llevan meses recaudando dinero, planean, en un primer esfuerzo, luchar contra la orden en el tribunal de la opinión pública.
Los grupos ecologistas tienen previsto colaborar entre sí para movilizar a la población en contra del decreto y los científicos que defienden la idea de que el cambio es real planean marchar en Washington el 22 de abril, en el Día de la Tierra.
Los planes son que esa protesta pueda atraer unas 300.000 personas.
La orden de Trump incluye una revisión del emblemático plan del expresidente Barack Obama para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero en las centrales eléctricas que funcionan con carbón y levanta una moratoria de 14 meses sobre nuevas concesiones para extraer carbón en terrenos federales.
Trump, que ha descrito el calentamiento global como una "farsa" inventada por los chinos, dijo durante su campaña que acabaría con los planes climáticos de Obama y recuperaría los empleos del carbón, cuya pérdida atribuye a las regulaciones impuestas por Obama.
No obstante, datos federales indican que las minas de Estados Unidos han ido recortando empleos durante décadas, bajo gobiernos de ambos partidos, debido a la automatización, a la competencia del gas natural y por los paneles solares y las turbinas eólicas, que pueden producir electricidad libre de emisiones más barata que con carbón.
En todo caso, mucha gente en las regiones del carbón cuenta con los empleos prometidos por Trump, y miembros de la industria elogiaron las nuevas medidas.
"Estas órdenes ejecutivas son una bienvenida ruptura con la estrategia del gobierno anterior de encarecer la energía a través de costosas regulaciones que destruyeron empleos y ahogaron nuestra economía", dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas J. Donohue.
La orden también afectará a otras normas, por ejemplo al eliminar las referencias al "costo social" de los gases de efecto invernadero. Iniciará una revisión de las medidas para reducir las emisiones de metano en la producción de petróleo y gas natural, así como las regulaciones de la Oficina de Administración de Tierras sobre fracturación hidráulica, para determinar si reflejan las prioridades legislativas del presidente.
También se rescindirán los decretos y comunicados internos sobre el tema aprobados durante el gobierno de Obama, incluido un texto sobre cambio climático y seguridad nacional y otro que pretendía preparar al país para los efectos del cambio climático. El gobierno sigue en conversaciones sobre si se retira del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Los ecologistas afirman que la energía limpia crearía miles de nuevos empleos y temen que las acciones de Trump hagan a Estados Unidos menos competitivo que otros países que sí las están adoptando.
Sin embargo, creen que los esfuerzos por reavivar el sector del carbón y el petróleo terminarán fracasando, porque muchos estados e industrias ya han adoptado energías renovables o el gas natural.
"Estas decisiones se están tomando a nivel estatal y planta a planta", comentó el presidente de Earthjustice, Trip Van Noppen, que dijo que su grupo "sigue trabajando de forma agresiva para retirar las sucias plantas de carbón".
"El carbón no va a volver", añadió. "Aunque el presidente esté tomando medidas llamativas a lo grande, en realidad está condenado a fracasar".
Una coalición de 16 estados y el Distrito de Columbia dijo oponerse a cualquier medida del gobierno de Trump para retirar el Plan de Energía Limpia o buscar la desestimación de un caso pendiente ante una corte de apelaciones en Washington.
Además, los activistas medioambientales están preparados para acudir a los tribunales en cualquier momento y seguirán de cerca las acciones del gobierno.
Jeremy Symons, vicepresidente asociado del Environmental Defense Fund, indicó que los activistas trabajarán para ganar apoyo entre legisladores y ciudadanos.
"En cuanto a la perspectiva general, nuestra estrategia es sencilla: llamar la atención sobre lo que ocurre y movilizar al público contra estos retrocesos que amenazan la salud de nuestros hijos" y el clima, señaló.
