La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el lunes la adopción de medidas cautelares en favor de Yonarqui de los Ángeles Martínez, abogada de presos políticos y familiares de éstos en Nicaragua.
Las medidas recomendadas por la CIDH también se extienden a la familia de la letrada.
En un reporte de prensa, la CIDH anunció que la determinación está basada en la Resolución 92/2020 “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Martínez continuó el lunes denunciando la situación de quienes en Nicaragua están presos porque se oponen al gobierno y dijo en un tuit que aun así “madres de presos políticos y familiares exigen la liberación” de estos.
La Comisión, que a su vez forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), indicó que las denuncias señalan a Martínez como una persona bajo asedio desde que aceptó representar a “perseguidos políticos”.
Además, la CIDH justifica su decisión en base a que los actos contra Martínez “tendrían como propósito no solo intimidarla, sino también obstaculizar aquellas actividades derivadas de sus labores como abogada defensora”.
La CIDH reclamó al gobierno de Nicaragua que garantice la vida de Martínez García y sus familiares.
También exige que el gobierno del presidente Daniel Ortega adopte las medidas necesarias para que la referida abogada realice sus labores “sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamientos y amenazas”.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada por la Iniciativa Nicaragüense y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Este último publicó una nota de prensa en la que asegura que Martínez, entre otros actos hostiles, “ha sido perseguida por patrullas policiales con amenazas de detención”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
