Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos de Nicaragua respaldaron este jueves el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que afirma que la pandemia de COVID-19 ha generado restricción de libertades e incrementado la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, funcionarios afines al gobierno del presidente Daniel Ortega, como el diputado sandinista y dirigente sindical Luis Barbosa, rechazaron el informe y catalogaron de “mentiras”, las denuncias de Bachelet.
“Está en la línea de desprestigiar y calumniar al gobierno. (Bachelet) no hace referencia a las acciones tomadas por el gobierno del presidente Ortega que han permitido que el impacto del COVID-19 sea inferior con relación a países desarrollados, muy a pesar de las sanciones injustas que realiza el imperialismo norteamericano”, declaró Barbosa.
El diputado agregó que “esta señora (Bachelet) cumple órdenes y miente” y afirmó que como legisladores seguirán respaldando al gobierno sandinista.
También cuestionó a la alta comisionada por “no condenar al gobierno de los Estados Unidos, que asesina a los norteamericanos solo por tener su piel negra”.
“¿Acaso no son violaciones a derechos humanos, señora Bachelet?”, agregó el legislador.
El cuestionamiento de Barbosa es en referencia a George Floyd, el hombre afroamericano que murió después de que un policía presionó su rodilla contra su cuello hasta hacerle perder el conocimiento. El hecho ocurrió en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo.
Otro que criticó el informe de Bachelet fue el analista afín al gobierno Cairo Amador, quien dijo que se mezclaron muchas cosas que al final terminaron contradiciendo a la alta comisionada.
“Bachelet hizo una mezcla de todo. Habla de situaciones que se produjeron en abril de 2018, (otras) que se están produciendo ahora y que se produjeron hace tres meses. A todos les da un mismo contenido”, comentó Amador.
El analista dijo que Bachelet denunció las restricciones de espacio a los movimientos opositores.
“Estamos en medio de una pandemia y ella hace referencia a la Organización Mundial de la Salud. La OMS dice, entre otras cosas, que no deben darse aglomeraciones”, señaló sobre el impedimento de manifestaciones que persistente en Nicaragua desde septiembre de 2018.
Vicepresidenta de Nicaragua calla tras informe de Bachelet
En tanto la vicepresidenta Rosario Murillo, quien comparece a diario vía telefónica en sus medios oficialistas, prefirió guardar silencio sobre el informe de la alta comisionada. Sin embargo, se solidarizó con Bachelet por la muerte de su madre.
“Compañera Michelle, acabamos de enterarnos de la triste noticia del fallecimiento de Doña Ángela Jeria, su querida madre, quien sabemos ha sido para usted un apoyo fundamental en todos los momentos de su vida”, dijo Murillo.
“A nombre de nuestro pueblo y de las familias nicaragüenses, de nuestro gobierno y del nuestro, reciba usted nuestro acompañamiento solidario con nuestras oraciones”, agregó.
“El informe es solo una muestra de la realidad”
Los defensores de derechos humanos, como la doctora Vilma Núñez de Escorcia, fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), celebraron el informe de Bachelet.
“Estamos muy satisfechos con la actualización que hizo hoy la alta comisionada de las Naciones Unidas. Lo que ella está presentando es solo una muestra de la realidad: La persistencia de las violaciones de los derechos humanos que es pan de cada día”, dijo Núñez a la Voz de América.
El Cenidh, dirigido y fundado por Núñez, es una de las 10 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a las cuales el Ministerio de Gobernación de Nicaragua les canceló su personería jurídica por la Asamblea Nacional mediante un decreto legislativo en diciembre de 2018.
Bachelet aludió en su informe a dicha cancelación, afirmando que tuvo lugar "sin las garantías del debido proceso".
El Cenidh acogió denuncias de los manifestantes heridos por el abuso de fuerza del estado, según los organismos internacionales.
La pandemia incrementó feminicidios
Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres también aplaudieron el informe.
Maryce Mejía, socióloga, y miembro de la Red de Mujeres contra la Violencia en Nicaragua, confirmó que el número de feminicidios aumentó en Nicaragua.
“Nosotras contabilizamos 35 feminicidios hasta la fecha. Cinco son menores de edad. Efectivamente, ha habido un incremento en los crímenes contra las mujeres con relación al año pasado y es por muchas causales, principalmente por el nivel de impunidad que hay en Nicaragua”, dijo Mejía.
Añadió que esta problemática se ha agudizado con la COVID-19, debido al confinamiento voluntario que se han impuesto muchas familias en el país.
