Con 70 votos a favor, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este martes una reforma parcial a la Constitución Política para establecer la cadena perpetua para quienes “cometan crímenes de odio”.
La reforma se realizó al artículo 37 de la Constitución que establecía que no se impondrán penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años. Con la reforma se añadió que “excepcionalmente se impondrá la pena de cadena perpetua, revisable cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanos que por su impacto causen rechazo o indignación en la comunidad nacional”.
Con esta reforma se completa un tridente legislativo que, según analistas, fue preparado para arrinconar a la oposición que intente desafiar al presidente Daniel Ortega, quien tiene más de trece años en el poder, en los comicios electorales previstos para noviembre de 2021.
Hace menos de dos meses el parlamento aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. La primera criminaliza el financiamiento que reciben asociaciones, empresas, organizaciones sin fines de lucro, y la segunda castiga a medios de comunicación y ciudadanos que divulguen lo que el gobierno considere noticias falsas o que “causen zozobra o inestabilidad” en la población, advierten los expertos.
Durante el debate parlamentario para establecer la cadena perpetua, el diputado oficialista Carlos Emilio López dijo que la prisión perpetua es un mecanismo de protección al derecho humano de la vida.
“Con la prisión perpetua estamos protegiendo la vida, la humanidad, la libertad y la integridad sexual de mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad, personas mayores”, manifestó.
A su criterio la ley “persigue evitar que se cometan delitos sanguinarios, actos inicuos, horrendos”, y, por tanto, “enterrar la cultura y las prácticas de muerte y de destrucción del cuerpo humano”.
Sin embargo, el legislador opositor Maximino Rodríguez criticó el propósito de la ley y señaló que tiene como fin “continuar con la represión contra los disidentes del gobierno por la vía de derecho”.
“El régimen sandinista ha venido creando herramientas jurídicas para continuar reprimiendo a opositores. Ya lo hacen y ahora lo van hacer bajo la Constitución”, criticó Rodríguez.
Por su parte el diputado indígena Brooklyn Rivera valoró que la reforma abriría una puerta penal para llevar a condiciones más vulnerables a los pueblos indígenas y afrodescendientes “desde el punto de vista de las defensas de sus territorios, los recursos naturales y sus espacios de vida”.
Nicaragua vive una de sus peores crisis sociopolíticas desde que estallaron las protestas contra Daniel Ortega en abril de 2018 por reformas al seguro social. Las protestas fueron reprimidas con violencia dejando más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
Ortega ha logrado retomar el control del país y ha endurecido los mecanismos para evitar un nuevo estallido social. De hecho, las manifestaciones están prohibidas desde septiembre de 2018.
