La Iglesia Católica en Nicaragua se sumó a varios sectores sociales en el país que expresan preocupación ante la eventual aprobación de dos proyectos de leyes promovidas por el sandinismo en la Asamblea Nacional, argumentando que “ensombrecen y amenazan la libertad y la integridad física de las personas”.
Monseñor Carlos Mantica, reconocido líder religioso en Nicaragua, dijo a la Voz de América que a la Iglesia le genera zozobra la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros ya que podría poner en riesgo las donaciones que recibe la Organización No Gubernamental Caritas de Nicaragua.
“Efectivamente a nosotros nos preocupa porque nos viene ayuda de afuera y también de adentro y eso nos deja con un poco de zozobra. Son preguntas que están en el aire, la Iglesia católica tiene un estatuto jurídico especial, porque la Iglesia es anterior al Estado de Nicaragua, son temas que los abogados tienen que resolver ante una eventual ley”, explicó.
En tanto, el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, consideró que Nicaragua se está jugando el futuro del país, por lo que instó a los legisladores a no fracturar más la sociedad nicaragüense.
“Nicaragua está viviendo un momento muy complejo y delicado (…) Pienso que a la hora de presentar propuestas de leyes, los actores políticos tienen que tomar en cuenta que no deberían de causar mayor fractura social de la que ya existe y legislar pensando en el bien común”, dijo el obispo.
Por otra parte, el diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que las iniciativas serán discutidas y aprobadas en el plenario del parlamento la próxima semana cuando se inicie el cuarto período de sesiones de la actual legislatura.
La “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” propone que las organizaciones y personas que reciban recursos de origen foráneo no participen en las políticas internas de Nicaragua, pues, de lo contrario, se exponen a multas, confiscación de bienes, congelación de cuentas bancarias y cárcel.
Los oponentes afirman que se trata de una legislación súper amplia que cubre a universidades, donaciones de iglesias, cámaras empresariales, de las organizaciones civiles.
La “Ley Especial de Ciberdelitos” contempla penas de prisión a aquellas personas que utilicen “las tecnologías de la información y comunicación para publicar lo que ellos consideren noticias falsas, tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población”.
