Nicaragua adopta por decreto política de ciberseguridad que controla redes sociales

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aprobó por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad que controla las redes sociales y persigue los crímenes provenientes de "gobiernos hostiles y grupos terroristas", informó este martes una fuente oficial.

"La Estrategia Nacional de Ciberseguridad fija las directrices y líneas generales de acciones para hacer frente al desafío que representa para el país la vulnerabilidad del ciberespacio", indica un decreto publicado en diario oficial La Gaceta.

Según el texto, el gobierno busca "garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio" en pro de la estabilidad del país.

Señala que las amenazas "pueden provenir de numerosas fuentes, incluidos gobiernos hostiles, grupos terroristas, empleados descontentos e intrusos maliciosos".

El gobierno prevé crear "mecanismos ágiles y seguros para la denuncia ciudadana sobre hechos de cibercrimen" y fortalecer la cooperación internacional en la materia.

También lea

Expertos alertan de nuevo proyecto de ley que amenaza la libre expresión en Nicaragua

La nueva normativa forma parte de un paquete de iniciativas impulsado el gobierno y sus diputados para controlar las redes sociales y a la prensa independiente, bajo amenaza de cárcel.

"Es obvio que hay con estas iniciativas la intención de censurar a los ciudadanos en las redes sociales y a los medios de prensa bajo la amenaza de cárcel y confiscación de los medios con los cuales se comunican, se conectan", afirmó a la AFP el exdiputado opositor y exvicecanciller José Pallais.

El lunes, los diputados oficialistas promovieron en el Congreso una iniciativa que sanciona con entre 2 y 10 años de prisión el ciberdelito, el cual apunta a controlar los datos en redes sociales, incluidas las noticias falsas. La pena puede aumentar un tercio de la condena si hay agravantes, detalla el proyecto.

Una semana antes, los diputados de gobierno introdujeron al parlamento un polémico proyecto que busca declarar como "agentes extranjeros" a quienes reciban dinero de entes foráneos, entre ellas ONG y medios de comunicación internacionales presentes en el país.

Estos proyectos tienen "el ánimo de ir fortaleciendo la capacidad represiva" del gobierno de Ortega y "avanzar en el diseño de su régimen totalitario, porque sienten que no gozan del apoyo de la población", opinó Pallais.