Un grupo de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional presentaron ante la Asamblea Nacional de Nicaragua una polémica propuesta de legislativa que, según algunas voces críticas, “criminalizaría la libertad de expresión” tanto de periodistas como de activistas.
En concreto, el artículo 30 de la “Ley Especial de Ciberdelitos” contempla penas de prisión a aquellas personas que utilicen “las tecnologías de la información y comunicación para publicar lo que ellos consideren noticias falsas, tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población”.
Algunas organizaciones internacionales han expresado su preocupación ante los movimientos del gobierno de Daniel Ortega que consideran es “la última gota que derrama el vaso de la censura que se está viviendo en Nicaragua”.
“Todos sabemos que es una decisión sumamente restrictiva para la libertad de prensa y de expresión”, comentó Luis Botello, vicepresidente de Nuevas Iniciativas e Impacto del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), con base en Washington, durante una entrevista con la Voz de América.
Las “fake news”, la “excusa perfecta”
En ese sentido señaló que la aparición de noticias falsas es motivo de preocupación en cualquier sociedad, pero criticó que Nicaragua está utilizando esa problemática para aprovecharse y “limitar la libertad de prensa”.
“En un país como Nicaragua, donde la prensa independiente prácticamente ha sido cerrada y tiene muy pocas posibilidades de poder informar de manera libre y sin tener que pensar en represalias, este tipo de medidas estarán en manos de autoridades que van a decidir qué es verdad y qué no es verdad”, decía el portavoz de ICFJ convencido de que “eso limitaría cualquier juego de ideas libres que requiere una democracia”.
La organización que él representa tiene como objetivo “elevar los estándares del periodismo alrededor del mundo”. Ante una situación como la que se vive actualmente en el país centroamericano, la ICFJ defiende “una salida política como la (opción) más adecuada” aunque hoy en día “es imposible”.
“Existen dos realidades. Una es que el gobierno de Nicaragua cree que no puede existir la libertad de prensa y de expresión en una sociedad como esa, y otra realidad es que otros están luchando por esa libertad”, agregó al respecto.
Durante las protestas antigubernamentales de 2018, el gobierno de Daniel Ortega catalogó como difusores de noticias falsas a los periodistas y medios de comunicación que divulgaron información sobre la represión estatal que habría dejado más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
Activistas y periodistas serían considerados como “agentes extranjeros”
Una de los aspectos más alarmantes de este proyecto de ley radica en la posibilidad de catalogar como “agentes extranjeros” a periodistas y activistas de otros países.
“Eso se convierte en otro mecanismo de control de la sociedad civil. En un país donde se requiere un amplio debate de ideas, eso debilita el sistema de pesos y contrapesos que debe existir en una democracia donde la sociedad es la que exige la rendición de cuentas y son los medios los que proponen y exigen políticas públicas que beneficien a la sociedad”, subrayó.
En ese sentido, Gerardo Berthin, director de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, una entidad que trabaja por defender los derechos humanos y promover la democracia en todo el mundo, dijo que ese proyecto de ley “forma parte de la escalada represiva contra los medios independientes”.
Presión internacional
Por eso, Berthin instó a “la comunidad internacional” a crear alianzas de manera que se pueda ejercer “presión a distintos niveles”.
“A nivel regional con la Organización de Estados Americanos, a nivel internacional con las Naciones Unidas y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, para que el gobierno de Nicaragua deje de hostigar a los medios de comunicación”, agregó.
Con todo, Berthin aseguró que este tipo de prácticas, que limita la libertad de prensa, ya se ha visto en otros países como Venezuela o Bolivia. El objetivo de la administración de Daniel Ortega, -advierte-, es “sembrar miedo, dividir a la población y quitarles el derecho a saber y estar informados”.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha puesto de manifiesto el “valiente” esfuerzo que están haciendo tanto los medios de comunicación como los periodistas independientes para seguir reportando lo que está pasando en el país.
“Es un ambiente complicado, difícil para los medios independientes y críticos, pero no se puede decir que su trabajo sea imposible porque eso sería ignorar los esfuerzos hechos por muchos medios y periodistas en Nicaragua para seguir informando”, señaló el respecto Natalia Southwick, coordinadora de Sudámerica y Centromérica del CPJ.
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