Activistas y periodistas se plantan ante proyectos de ley en Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la consulta de dos controversiales leyes, la de agentes extranjeros y la del ciberdelito, conocidas popularmente como “la Ley Mordaza" y "la Ley Putin” y que, según sus detractores, pretenden controlar a los ciudadanos, organizaciones sociales y periodistas que no estén alineados políticamente con el Frente Sandinista.

El diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que las iniciativas `por la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley Especial de Ciberdelitos” serán discutidas y aprobadas en el plenario del parlamento a partir del 13 de octubre, fecha en que se inicia el cuarto periodo de sesiones de la actual legislatura.

La propuesta de “agentes extranjeros” está siendo estudiada en la Comisión de Economía y Presupuesto, mientras que la iniciativa de “ciberdelito” fue enviada a las comisiones de Educación y Comunicación, e Infraestructura, donde la próxima semana tendrán listo el dictamen para su posible aprobación.

Sergio Marín Cornabaca, representante de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo que se preparan para denunciar la naturaleza arbitraria de estas leyes y agotar todas las instancias nacionales e internacionales.

“Vamos a hacer uso de los mismos tribunales orteguistas donde consideramos que no va a progresar ningún recurso que nosotros presentemos, pero que nos va a dar pie para agotar todas las instancias nacionales. Vamos a recurrir por inconstitucional, porque se nos están violentandon todos nuestros derechos de libertad de prensa”, dijo Cornabaca.

Mientras desde la organización Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) también se preparan para recurrir por inconstitucionalidad una vez que las leyes sean aprobadas por el Parlamento Nacional.

Pablo Cuevas, abogado de la comisión dijo a la Voz de América que en Nicaragua la independencia en los poderes del Estado es una “fantasía”.

“Los que sabemos cómo funcionan las cosas en este país, sabemos que para que la Asamblea discuta una ley y la apruebe tiene que haber un mandado directo y sin discusión del ejecutivo. La CPDH acaba de finalizar un análisis jurídico y decidió ir por inconstitucionalidad ante el máximo tribunal en este sentido”, expresó el especialista en derechos humanos.

En tanto diputados sandinistas defienden las iniciativas de ley asegurando que están apegadas al derecho nacional y a los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua. Las iniciativas van a acompañadas de una reforma constitucional que busca implementar la cadena perpetua en Nicaragua para quienes cometan crímenes de odio.

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El diputado sandinista José Figueroa minimizó el impacto de la propuesta de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”. El legislador aseguró que “no es un delito ser un agente extranjero”, pero esta ley castigará a quienes reciban financiamiento de otros países y tengan aspiraciones políticas.

“Un nicaragüense que representa intereses extranjeros, que es financiado por gobiernos extranjeros, no puede representar a Nicaragua en ningún cargo púbico”, sentenció Figueroa. Esta propuesta de ley “declara incompatibilidad de un agente extranjero para ejercer un cargo púbico”, insistió.

Sin embargo, hasta la misma Iglesia Católica expresó su preocupación ante la promoción de estos proyectos de ley que consideran como “una amenaza a la libertad y la integridad física de las personas, generada por cuestionables proyectos de ley”.

La Comisión de Justicia de la Arquidiócesis de Managua se sumó al llamado de diferentes sectores del país para que en 2021 se celebren elecciones con las “necesarias y adecuadas condiciones”, a la vez que cuestionaron las leyes que el gobierno intenta aprobar en la Asamblea Nacional.