El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer su informe sobre prácticas de derechos humanos en El Salvador, en 2020. En el documento se detalla que el país tiene problemas en el combate a la impunidad y que aún persisten atropellos a los derechos humanos.
El informe además reconoce que muchas de las áreas analizadas han presentado avances comparadas con años anteriores, como la disminución de desapariciones.
El documento detalla la ausencia de informes de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos por motivos políticos. Sin embargo, indica, sí existen denuncias “sobre la participación de las fuerzas de seguridad en ejecuciones extrajudiciales de presuntos pandilleros”.
Según los datos presentados por el Departamento de Estado, el Ministerio Público salvadoreño investiga si los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad eran justificables y prosigue los procesamientos. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) también anunció que estaba investigando seis denuncias relacionadas con este tipo de acciones.
De acuerdo a la publicación se observa fuerte presencia de abusos de poder y excesos de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
Las restricciones a la libertad de expresión, en aumento
En la sección dos del documento, donde se habla de las libertades civiles, apunta que, pese a que la carta magna del país establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, una institución muy deteriorada en el país, el Gobierno “en ocasiones no respetó este derecho”.
Según el informe las denuncias por parte de periodistas de varios medios de comunicación, organismos internacionales y nacionales contra la Administración del presidente Nayib Bukele y sus partidarios muestran “un patrón de acoso diseñado para restringir los medios”.
![El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acompañado por miembros de las fuerzas armadas, habla con simpatizantes fuera del Congreso en San Salvador, El Salvador. [Foto: Archivo]](https://gdb.voanews.com/dddd6a93-2fe7-42b7-b275-f68fc8afab47_w100_r1.jpg)
El informe también resalta la defensa del mandatario, quien en repetidas ocasiones ha negado rotundamente haber amenazado a los periodistas y desestimado las acusaciones de que estaba reprimiendo la libertad de prensa.
El organismo rector de la política exterior de Estados Unidos asimismo hizo hincapié en que “la impunidad persistió a pesar de las medidas del gobierno para destituir y enjuiciar a los abusadores en las fuerzas de seguridad, el poder ejecutivo y el sistema judicial”.
Mientras que los delitos violentos cometidos por bandas locales, transnacionales y narcotraficantes dirigidos contra la policía, las autoridades judiciales, la comunidad empresarial, periodistas, mujeres y miembros de poblaciones vulnerables continuaron.
Cuarentena y abusos
El documento, además puso de manifiesto que durante la cuarentena impuesta para enfrentar la pandemia del COVID-19 hubo detenciones arbitrarias hechas a ciudadanos acusados de violentar la cuarentena obligatoria y señala el desacato del presidente Bukele a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, entre ellas la que ordenó al Ejecutivo no detener a personas por violar la cuarentena sin tener un marco legal que lo facultara para eso.
Hasta el momento el presidente de El Salvador ni ningún vocero gubernamental han hecho referencia alguna al reporte, sin embargo, el medio local Diario El Salvador destacó en una publicación que el Departamento de Estado de Estados Unidos había resaltado “la independencia judicial que opera en el país y que se pone de manifiesto en el acatamiento que hace el Órgano Ejecutivo de las sanciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), máxima institución del Órgano Judicial en El Salvador”.
