La destitución del pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y la remoción y posterior nombramiento de un nuevo fiscal general de la república es considerado por salvadoreños residentes en Washington DC como un zarpazo a la democracia de su país y piden al gobierno de Estados Unidos actuar con contundencia.
En una reunión de emergencia trataron la situación para definir los pasos a seguir ante los hechos consumados que han generado una oleada de rechazo internacional ante las accione de la nueva Asamblea Legislativa nacional fiel al presidente Nayib Bukele.
Estos salvadoreños dicen que el llamado urgente es a la administración del presidente Joe Biden para actuar con contundencia y rapidez ante el claro ataque a la democracia del país centroamericano, la que venía consolidándose desde los Acuerdos de Paz en 1992 firmados para poner fin a la guerra civil que enlutó al país entre (1980-1992).
A la reunión también asistió el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Javier Simán, quien se encuentra de visita desde el viernes reciente en Washington por compromisos familiares, según expresó.
Simán, dice estar en la mira de ataques por parte del gobierno de Bukele desde que asumió la presidencia de ANEP a principios de 2020; el empresario proveniente de una reconocida familia con un emporio de negocios con 100 años de trayectoria y presentes en varios países de Centroamérica.
Ante lo sucedido desde la noche del sábado y madrugada del domingo, el dirigente empresarial habla con la Voz de América y relata que ha estado en contacto con funcionarios de la administración Biden y siguiendo de cerca las declaraciones dadas desde un primer momento por funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado.
Simán espera -como otros de sus compatriotas- que el gobierno de Estados Unidos tome acciones más contundentes para hacer retroceder las últimas maniobras del joven mandatario salvadoreño y su fuerza política que arrasó en las elecciones del 9 de febrero para consolidar su poder.
“Hemos estado en contacto con diferentes funcionarios ha habido reacciones muy apropiadas del gobierno del presidente Biden, estaríamos esperando una postura firme para que se respeten los derechos individuales y la constitución, la democracia y sobre todo la separación del órgano judicial, porque la única Sala de lo Constitucional legítima es la que ya existía y han nombrado una nueva sala que no es legítima y no la reconocemos nosotros y ahí es donde pedimos el apoyo de los países amigos”, dijo Javier Simán a la VOA.
EE.UU. da mal ejemplo si muestra debilidad
Entre los asistentes al encuentro también figuró el abogado salvadoreño Luis Parada, residente en Washington y experto en litigios internacionales, y quien ha liderado la defensa de El Salvador en cuatro arbitrajes interpuestos por corporaciones contra el estado ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativos a Inversiones, CIADI, instancia adscrita al Banco Mundial.
Este experto dice que desconoce a cualquier autoridad que haya sido elegida bajo el proceso amañado y fuera de toda normativa legal por la nueva asamblea legislativa salvadoreña, por lo que rechaza defender al país centroamericano ante otra demanda internacional ante el organismo en Washington, sino se restaura el sistema democrático.
Pero también, el abogado habla con contundencia como ciudadano estadounidense y reclama a la administración del presidente Biden, acción rápida y oportuna; en primera instancia para demostrar la fuerza moral y las capacidades que tiene la primera potencia del mundo para defender la democracia, y en segundo lugar para dar ejemplo y frenar acciones del que considera un “un pequeño dictador” en referencia a Bukele, que dirige un país ligado estrechamente a Estados Unidos.
“Voté por el presidente Biden porque esperaba -y sigo esperando- que esté a la altura de defender la democracia en países como El Salvador, hasta ahora lamentablemente Estados Unidos con la administración de Donald Trump -cómo actuó el 9 de febrero (2020)- como ahora, lo que estoy viendo son reacciones demasiado débiles, no sé cómo un país como Estados Unidos, potencia mundial, tiene que tenerle consideraciones a un dictador de segunda clase de un país pequeño como El Salvador, con lo que está enviando un mensaje de debilidad no solo a El Salvador sino al resto del mundo”, comenta el abogado Luis Parado a la VOA.
También cuestiona que en el fondo el mensaje que dejaría la administración Biden y el gobierno de Estados Unidos ante otros países es de debilidad sino es capaz de actuar con la contundencia merecida en un acto consumado y a todas luces de ilegalidad como lo ocurrido en El Salvador el fin de semana.
Le preocupa en especial las ventajas que podrían tomar potencias emergentes como Rusia y China en la región si Estados Unidos no pone en acción las herramientas existentes para frenar este tipo de atracos contra el sistema democrático en un país en el que la Unión Americana ha trabajado e invertido enormes cantidades de recursos en las últimas décadas para avanzar en la democracia y respeto a derechos humanos.
El abogado Parada dice también que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene el reto urgente de actuar ante lo sucedido, porque no hay ni la menor duda que se está resquebrajando el orden democrático en un país miembro del organismo hemisférico, por lo que tendría que activarse la Carta Democrática.
Rechazo de instituciones regionales
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reaccionó con un comunicado este domingo donde rechazó la destitución de la Sala de lo Constitucional en Pleno y del fiscal general de la república, e instó a volver a las líneas de trabajo observadas por el organismo desde Washington.
También llamó a reforzar el combate a la corrupción, bajo un acuerdo de cooperación de la comisión de investigación que apoya el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR), a la que Estados Unidos ofreció reforzar con un donativo de de 2 millones de dólares, anunciados durante la visita que hiciera a El Salvador a principios de abril el Enviado Especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.
También desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este lunes, a través de un comunicado, la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador de destituir a los cinco magistrados titulares y a cuatro suplentes, más el fiscal general, “incumpliendo las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia”.
La instancia rectora de derechos fundamentales adscrita a la OEA, consideró que se ha vulnerado el derecho de defensa y al debido proceso, e instó al país centroamericano liderado por Bukele a respetar el Estado democrático de derecho.
Al tiempo que la CIDH anuncia que en respuesta a los graves hechos perpetrados entre la noche del sábado y madrugada del domingo reciente, ha decidido instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna para El Salvador con la que monitoreará y dará respuesta a la situación de derechos humanos en ese país. “La Comisión considera que esta situación reviste de la mayor gravedad porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema es la propia institución democrática que debe garantizar el Estado de Derecho”, expone la CIDH.
Tanto el rechazo del secretario de la OEA como las condenas y muestras de preocupación de altos funcionarios de la administración Biden, y de la vicepresidenta Kamala Harris, al cierre de la jornada de domingo; además de las esperadas reacciones de la Unión Europea en la mañana de este lunes no han hecho retroceder ni un ápice al gobierno salvadoreño en su decisión de controlar los tres poderes del Estado.
Para el salvadoreño Daniel Joya, abogado de la república en su país e inmigrante en Estados Unidos, la población debería tener claro, que luego de consumar esta maniobra política y hacerse con el control de la Corte Suprema de Justicia y de la FGR, se esperaría una escalada de remociones de otros funcionarios de segundo nivel hasta controlar todo el poder.
Y el siguiente, dice Joya, paso sería la persecución de opositores, con un fiscal hecho a la medida y a las órdenes del ejecutivo, no sería de extrañar -como se observa en la consolidación de otras dictaduras- que comenzarán a levantar cargos con falsos testimonios y pruebas creadas contra los que opinen o estén en contra del gobierno salvadoreño.
“Al final vamos a tener un sistema que responda única y exclusivamente a la voluntad y caprichos del señor presidente de la República y los grupos de poder que están alrededor de él; después de esto qué sigue, pues vendría la persecución de opositores políticos, la fabricación de delitos y el encarcelamiento y el exilio forzado de muchos salvadoreños que no comulgan con la manera en cómo se está manejando el estado salvadoreño”, apunta Daniel Joya a VOA.
Para este salvadoreño las imágenes vistas desde la noche del sábado con militares y policías bajo orden del ejecutivo tomándose las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la FGR, son el espejo en que los salvadoreños deberían verse para entender los días venideros, pues bajo un régimen dictatorial la represión es parte de la norma para amedrentar a opositores o delatores.
Este salvadoreño también espera que Estados Unidos, donde residen más de 2 millones de sus connacionales, salga al paso porque esta tendencia es una amenaza para otros países bajo la cresta populista que está en boga en varias regiones del mundo, y en Latinoamérica hay ejemplos lamentables a la vista de todos, puntualiza.
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