![Comisión contra la Corrupción, en Guatemala. [Foto: Cortesía Gustavo García, ASIES]](https://gdb.voanews.com/b6c5c515-2e08-436c-a141-0c40d935ba37_w250_r1_s.jpg)
La lucha contra la corrupción es una demanda continúa de la sociedad guatemalteca, principalmente después de la revelación de múltiples actos anómalos en entidades del Estado que vinculaban incluso a altos funcionarios de Gobierno en 2015.
El 20 de enero de 2020 fue creada la Comisión Presidencial contra la Corrupción que, durante 13 meses de trabajo, ha presentado 14 denuncias ante el Ministerio Público y dos ante la Contraloría General de Cuentas.
Su director Oscar Dávila explica que, entre las personas investigadas, hay 72 funcionarios públicos y 75 personas relacionadas al sector privado, por lo cual expone que “la lucha contra la corrupción no tiene que ser solo a nivel Gobierno sino también externamente”.
Entre los logros alcanzados en este tiempo, Dávila resalta que se ha trabajado en proyectos como la construcción de una política pública de prevención y lucha contra la corrupción, acciones para velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, modificaciones para prevenir fraccionamientos en las compras de insumos y productos, y establecer parámetros para prevenir la corrupción en las compras y contrataciones por la emergencia del COVID-19.
Además, destaca que se han hecho recomendaciones para separar del cargo a varios funcionarios públicos, como ministros, viceministros, jefes de departamento o área y la mayoría de las mismas fueron atendidas.
La comisión trabaja con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Dávila admite, que pese a los proyectos que se han iniciado, hay temas pendientes.
“Falta mucho por hacer definitivamente, estamos hablando de 293.000 empleados del Organismo Ejecutivo en más de 65 dependencias”, explicó. Además, indicó que los ministerios de Salud y Comunicaciones son los más denunciados por la población por actos de corrupción.
Respecto a la participación ciudadana en el proceso de denuncia, Dávila aseguró que se han recibido 200 alertas en total, de las cuales 109 han sido escritas y 91 de forma electrónica, a través de la página web y redes sociales de la comisión.
Pese a los avances señalados, los guatemaltecos siguen quejándose de la corrupción en el país. Al respecto, el director resaltó que la comisión como tal, solo se encarga de ver cuestiones del Organismo Ejecutivo, no de otros organismos y que hay otros temas, como la elección de cortes que permanece entrampada, que impiden el avance en la lucha contra este fenómeno.
Para el analista Gustavo García Fong, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES-, la corrupción es un fenómeno que viene de muchas décadas atrás y eso provoca que sea percibido como parte de la sociedad. “Hay que considerar que el fenómeno de la corrupción no es reciente y no solo se da en Guatemala, sino en muchas sociedades”, indicó.
Sin embargo, destaca que no es algo imposible de erradicar. “Lo que realmente funciona para reducir la corrupción es contar con instituciones de la administración de la justicia penal debidamente fortalecidas, me refiero a toda la estructura que está implicada en la investigación de estos hechos. Desde la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Sistema Penitenciario. Cuando esta cadena funciona bien, el mensaje que llega a los ciudadanos es que se debe actuar conforme a la ley” explicó García, quien aclaró que “con una sola pieza del sistema que no funcione, cabe la posibilidad que muchos se confíen y actúen cometiendo actos de corrupción.”
Para el analista también es determinante que los funcionarios que lleguen a los cargos sean verdaderamente independientes, cuenten con las competencias técnicas y éticas y hayan demostrado que son incorruptibles. Expone que en esas circunstancias “la sociedad progresivamente se va transformando en una cultura de respeto a la ley”, pero en caso contrario, el mensaje que se envía es que “no tiene sentido actuar conforme la ley porque cada quien se sale con la suya”.
Finalizó asegurando que la lucha contra la corrupción “es cuestión de voluntad y de contar en los altos cargos de las cortes y del poder Ejecutivo con las personas más idóneas, imparciales y mejor capacitadas”.
