Desde que Estados Unidos sancionó en diciembre de 2017 al primer funcionario nicaragüense por supuestos actos de corrupción y violación de los derechos humanos, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha maniobrado para tratar de diluir el impacto político de las designaciones.
Los remedos de Ortega han ido desde nombramientos de viceministros con poderes de ministros hasta reformas de emergencia que pasan por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, sin ceder a las presiones.
Hasta ahora, al menos a 22 de sus funcionarios más allegados han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre ellos su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y sus hijos.
En el caso de Roberto Rivas, presidente Consejo Supremo Electoral (CSE), quien fue el primer sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2017, Ortega decidió mantenerlo en su cargo y dos meses después, a través de la Asamblea Nacional, lo despojó de la representación legal y administrativa del organismo.
Rivas dimitió cinco meses después que había sido sancionado.
Otros quedan en sus cargos, aunque con menos poderes
Como en el caso de Rivas, otros 13 funcionarios sancionados durante los años 2018 y 2019 y 2020 siguen en sus cargos, aunque con pocas funciones.
Uno de ellos es Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, quien fue sancionado por Estados Unidos el 21 de junio de 2018 por ser el operador político de mayor jerarquía del presidente Ortega.
Hasta la fecha, Porras se mantiene en su cargo, pero tres días después de ser sancionado, la misma legislatura aprobó un proyecto de ley que le restó funciones administrativas.
Es la primera vez en Nicaragua que la Asamblea Nacional mantiene como presidente a un sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual podría tener graves consecuencias y contaminar el parlamento hasta convertirlo en una facción el estado inoperativa, según los expertos.
De igual forma sucedió con el director de la Policía Nacional y consuegro de Ortega, Francisco Díaz; el jefe del Ejército, general Julio César Avilés y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, quienes continúan en sus cargos.
Advierten que Ortega puede contaminar el estado
Según la diputada opositora Azucena Castillo, la estrategia de Ortega para manejar las sanciones pone en peligro a las instituciones dirigidas por los funcionarios sancionados.
Mantener a Gustavo Porras frente al Poder Legislativo es un peligro, dijo Castillo a la Voz de América, porque se corre el riesgo de “contaminar” a la Asamblea Nacional.
“Lo que se hizo con Porras fue quitarle todas las funciones administrativas, financieras y legales, incluso para ratificación de préstamos. Se le delegó a una secretaría de la Asamblea Nacional, pero sigue en su cargo”, comenta la legisladora.
Castillo dice que hay otras formas en las que Ortega ha intentado eludir las sanciones a sus funcionarios, como la creación de viceministros con poderes de ministros y la creación de nuevos cargos dentro del Poder Ejecutivo.
“Hay ministros que han sido removidos de sus cargos, pero pasan a engrosar la planilla de la presidencia con cargos de asesores, como la ministra de Salud, Sonia Castro. Después hay otros ministros que fueron sancionados, como el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y ahí lo que sucedió es que se nombró a una viceministra con superpoderes operativos”.
Hasta el momento la única institución nicaragüense que ha sido sancionada es la Policía Nacional. Estados Unidos la acusa de “ser responsable o cómplice, de haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
“El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”, dijo en ese entonces el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.
Movimientos de Ortega “son parches”, dice analista
De acuerdo con el analista político Eliseo Núñez, “las movidas” de Ortega son “parches” a las sanciones. Añade que, la estrategia de la Casa Blanca es presionar al mandatario sandinista para que haga cambios drásticos en su gobierno.
“Ortega ha venido poniendo parches al tema de las sanciones, ha venido enredando al país con eso. El país se mira cada vez más aislado y no porque las sanciones sean en contra del país, sino porque mantiene a los funcionarios en sus cargos y los funcionarios a la vez impiden que el país tenga recursos frescos”, valora Núñez.
A su juicio es una irresponsabilidad de Ortega hacer estos movimientos: “qué no podemos esperar nada bueno de un presidente que mató a más de 300 personas y no se inmutó”.
“También Ortega fue acusado de fraudes y tampoco tuvo la decencia de defenderse de ello, simplemente sigue adelante y no ha hecho nada para repararlo. Así conduce al país”, dice el analista.
Los expertos sostienen que si el líder sandinista no cede a las presiones, Estados Unidos podría endurecer las sanciones a como ocurre con Venezuela, donde instituciones como el Banco Central han sido amonestadas.
Empresas sancionadas con el mismo rumbo
En el caso de las empresas sancionadas, algunas se han visto parcialmente afectadas, como la Distribuidora Nacional de Petróleo DNP. Otras están funcionando, como la empresa de seguridad El Goliat, en tanto la concesionaria de gasolineras Zanzíbar S.A. ha tenido que cerrar temporalmente sus estaciones de servicio.
Estas tres empresas estarían bajo la dirección del también sancionado Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega.
En el caso del Banco Corporativo de Nicaragua (Bancorp), fundado por los sandinistas en 2014, cerró sus operaciones después de las sanciones del gobierno de Estados Unidos, que lo involucró en supuestas transacciones ilícitas con fondos de Venezuela.
Sandinistas han minimizado las sanciones
Durante los debates en la Asamblea Nacional, cuando se quitaron poderes a ciertos funcionarios sancionados, los diputados sandinistas restaron importancia a las designaciones del Tesoro de Estados Unidos.
El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo en su momento que con la sanción al presidente del parlamento, Gustavo Porras, “no hay ninguna afectación” y sobre la destitución de sus funciones administrativas dijo que “lo que estamos haciendo es algunos ajustes, para que no se afecten a los bancos nicaragüenses que tienen corresponsales en Estados Unidos”.
El mismo Gustavo Porras aseguró sentirse “orgulloso” de haber sido sancionado.
“Para mí es una condecoración que el imperio asesino, hable de lo que él llama sanción, esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos y para mí es un orgullo pertenecer a ese colectivo de nicaragüenses” dijo durante una sesión parlamentaria.
A continuación la lista de funcionarios sancionados y su condición actual:
1. Julio César Avilés – jefe del Ejército de Nicaragua (se mantiene en el cargo)
2. Iván Acosta – ministro de Hacienda y Crédito Público (se mantiene en el cargo)
3. Roberto López – presidente ejecutivo del Instituto de Seguridad Social (se mantiene en el cargo)
4. Lumberto Campbell – presidente interino del Poder Electoral (se mantiene en el cargo)
5. Oscar Mojica Obregón – ministro de Transporte e Infraestructura (se mantiene en el cargo)
6. Orlando Castillo – director de Telecomunicaciones (falleció meses después de haber sido sancionado)
7. Sonia Castro – ministra de Salud (fue removida de su cargo)
8. Gustavo Porras - presidente de la Asamblea Nacional (se mantiene en el cargo)
9. Néstor Moncada Lau – Secretaría General del FSLN (se mantiene en el cargo)
10. Fidel Moreno – secretario político del FSLN (se mantiene en el cargo)
11. Rosario Murillo – vicepresidenta de Nicaragua (se mantiene en el cargo)
12. Francisco López – tesorero del partido oficialista FSLN (se mantiene en el cargo)
13. Roberto Rivas – presidente del Poder Electoral (removido del cargo)
14. Rafael Ortega – Hijo del presidente Daniel Ortega
15. Laureano Ortega – Hijo del presidente Daniel Ortega
16. Juan Carlos Ortega – Hijo del presidente Daniel Ortega
17. Luis Pérez Olivas – jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (se mantiene en el cargo)
18. Justo Pastor Urbina – jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (se mantiene en el cargo)
19. Juan Valle Valle – jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua (se mantiene en el cargo)
20. Francisco Díaz – director de la Policía Nacional (se mantiene en el cargo)
21. Ramón Antonio Avellán – subdirector de la Policía Nacional (se mantiene en el cargo)
22. José Jorge Mojica – hombre de confianza de Ortega
