El periodista salvadoreño Jorge Beltrán, del periódico El Diario de Hoy, denunció el jueves ante la Fiscalía General que fue golpeado en el rostro por un alto oficial de la policía.
El incidente ocurrió cuando el periodista cubría el descubrimiento del cadáver de un joven que había sido raptado por pandilleros y la policía trataba de mantener a los curiosos alejados del lugar.
Beltrán divulgó un video de su discusión con el subinspector policial:
“Yo no les estoy haciendo absolutamente nada”, se oye decir al periodista. “¡Retírese!”, le ordena el oficial. “No, señor, no me voy a retirar, porque no estoy cometiendo”, repica Beltrán. “¡Retírese, por favor!, vuelve a decir el policía. Entonces Beltrán informa: “¡Hey, hombre! Hoy he sido agredido con una bofetada por el subinspector Martínez Velásquez…”
Beltrán dijo que decidió publicar la agresión “para que estas personas, las autoridades o cualquier funcionario, entienda que no es válido ningún ataque ni a un periodista ni a ningún otro ciudadano”.
Tras el hecho, algunos funcionarios de gobierno publicaron mensajes en sus redes sociales en donde calificaban de “héroe de la patria” al policía agresor.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registra un total de 153 vulneraciones a la prensa en lo que va de 2021, superando los 125 casos del 2020.
Además de ataques a la libertad de expresión provenientes del gobierno, la APES también considera como agresiones cuando los medios de comunicación no respetan los derechos laborales de sus empleados periodistas.
“Hemos visto cómo hemos pasado el discurso de odio, este discurso estigmatizante, liderado desde Casa Presidencial contra los medios, a la agresión, a la violencia”, declaró César Castro, presidente de la APES.
Loida Robles, de FESPAD-Mesa de Protección a Periodistas, dijo que “el derecho que más ha vulnerado este gobierno es el de la libertad de expresión”.
Hasta la fecha, no se ha generado ninguna declaración oficial desde la Presidencia respecto a estos señalamientos.
Recientemente, también se denunció el caso de dos periodistas extranjeros que tramitaban permisos de trabajo para un medio digital, cuya solicitud fue denegada y fueron expulsados del país bajo el argumento de no poder demostrar su rol de periodista o no cumplir los requisitos para su permanencia en el país.
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