Testigos denuncian torturas y abuso sexual en Nicaragua

Dieciocho nicaragüenses que dicen haber sufrido torturas y abusos a manos de las fuerzas de seguridad de su país han declarado esta semana ante un panel de abogados y psicólogos, resueltos a no permitir que la pandemia siga demorando su búsqueda de justicia.

Con estas declaraciones a lo largo de varios días en San José, Costa Rica, se busca elaborar una demanda a presentar en los tribunales regionales e internacionales.

Los presuntos abusos tuvieron lugar durante las protestas contra el gobierno nicaragüense del presidente Daniel Ortega entre abril y agosto de 2018. La policía y agentes vestidos de paisano reprimieron brutalmente lo que Ortega calificó de intento de golpe de Estado.

Las víctimas presentaron declaraciones por video de lo que los expertos llaman abusos sexuales sistemáticos con el fin de aterrorizar a los presos. Estos incluyeron violaciones reiteradas, amputaciones de dedos y tortura psicológica.

El llamado Tribunal de Conciencia fue organizado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano de Costa Rica, donde residen unos 80.000 nicaragüenses refugiados y solicitantes de asilo que dicen haber sufrido abusos a manos de las autoridades de su país.

El panel dijo en su informe final el viernes que "no cabe duda que el estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país".

No fue posible verificar de manera independiente los testimonios presentados al panel, ya que no se identificó a las víctimas por su nombre, pero fueron muy similares a los abusos descritos a The Associated Press por las víctimas en 2018 y los documentados por las organizaciones de derechos humanos.

"Esto no puede quedar en una simple denuncia", dijo Roberto Samcam, un mayor retirado del ejército nicaragüense ahora exiliado en Guatemala y que fue el experto del panel en cadena de mando. "Estamos documentando a profundidad cada caso para proceder a un juicio, posiblemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)".

Las protestas en Nicaragua comenzaron en abril de 2018, cuando los jubilados se manifestaron contra los cambios al sistema previsional. Cuando los reprimieron violentamente, los estudiantes salieron a la calle y sumaron otros reclamos contra el gobierno.

Barricadas montadas por los manifestantes prácticamente paralizaron el país durante meses, hasta que las desmantelaron la policía y grupos leales al gobierno. Los participantes dicen que la persecución continúa dos años después. Al menos 328 personas murieron a manos de la represión, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los apresados solían ser encerrados en una cárcel de Managua conocida como El Chipote.
"Nosotros presenciamos cómo violaban a las chavalas", dijo una víctima, que además de las agresiones sexuales presenció la amputación de dedos.

Otra dijo que fue apresada por paramilitares en una carretera y cuando hallaron explosivos de fabricación casera en su bolso la asaltaron.

"Empezaron a golpearme con los puños y patadas" dijo. "Me tiraron al piso y me violaron dos de los tres hombres encapuchados. Mientras unos me violaban el otro me apuntaba con el arma. Yo sentía que quería morirme".

Según otra víctima, la única cautiva que fue violada sufrió un aborto espontáneo debido a la golpiza.

Otros hablaron de mandíbulas, dientes y narices rotas a golpes. Les decían que matarían a sus familias y los obligaban a ver cómo torturaban a sus amistades.

"La práctica de violación sexual en Nicaragua por agentes estatales constituyó tortura", dijo Soraya Long, exdirectora del Centro de Justicia y Derecho Internacional que fungió como psicóloga asesora del panel.

El gobierno de Nicaragua no respondió a los pedidos de declaraciones.

Samcam, el oficial retirado, dijo que varios funcionarios del gobierno participaron de los abusos.

"Hay una lista de altas autoridades que se involucraron directamente en esos crímenes: jefes policiales, funcionarios de gobierno, alcaldes y secretarios políticos del partido Frente Sandinista que participaron en esos crímenes", aseguró.