Los mexicanos están entre los mayores consumidores de refrescos del mundo, por lo que los residentes de Ciudad Altamirano, al sur del país, fueron duramente golpeados cuando primero Coca-Cola y luego Pepsi, cerraron sus centros de distribución, en medio de demandas de extorsión de pandillas de drogas.
Parafraseando una vieja rutina de Saturday Night Live, es “No Coke, no Pepsi”, para la calurosa ciudad del sureño estado de Guerrero.
“Los refrescos forman parte de nuestra dieta, la gente los bebe en sus casas, así que imagínense cuando los dos principales distribuidores en toda la región prácticamente se van”, dijo el portavoz de seguridad del estado de Guerrero, Roberto Álvarez, el miércoles. “Es enorme”.
PepsiCo México dijo en un comunicado: “Nuestro embotellador, el Grupo Gepp, tomo la difícil decisión de suspender sus operaciones en Ciudad Altamirano, porque las condiciones necesarias para distribuir sus productos no existían. PepsiCo respeta la decisión.
Álvarez dijo que el gobierno todavía estaba investigando porque la planta cerró, pero agregó: “No descartamos que los grupos criminales hayan estado presionando (a la compañía) para extorsionarlos.
Esa, aparentemente fue la razón por la cual la planta de Coca-Cola cerró en marzo. Coca-Cola FEMSA, dijo que en enero los empleados en Ciudad Altamirano, “comenzaron a recibir constantes ataques y amenazas por parte del crimen organizado”, una frase que generalmente se refiere a los carteles de la droga. También citó “un reciente ataque injustificado”, contra uno de sus empleados, pero no especificó que sucedió.
En ese momento, FEMSA se quejó de “la falta de un estado de derecho, y la prevalencia de impunidad” en el área, que durante mucho tiempo ha estado dominada por el Cartel de los Caballeros Templarios. El cartel, originario del vecino estado de Michoacán, se ha fragmentado, y el afiliado local aparentemente ha formado una alianza con la rama local de la pandilla, La Familia.
“Cuando Coca-Cola cerró sus operaciones, la única compañía que quedó fue Pepsi Cola, y ellos inevitablemente, se convirtieron en el objetivo de los grupos criminales”, comentó Álvarez.
Un dueño de una tienda en Ciudad Altamirano, dijo que la banda local de narcotraficantes está permitiendo que dos compañías de camiones traigan refrescos de dos ciudades cercanas, a precios un 50% más altos. Las tiendas locales solo les pueden comprar a esas empresas. Si tratan de traer sus propios refrescos de afuera,los confiscan en los puestos de control de las pandillas, que se encuentran en las carreteras que conducen hacia la cuidad.
El comerciante dijo que aparentemente la pandilla obtiene parte del exceso de ganancia al vender los refrescos de las compañías de camiones. El propietario pidió no usar su nombre por temor a las represalias de la pandilla.
El hombre señaló que había una atmósfera de “dolor y desesperación” en la ciudad porque el cartel ha estado extorsionando a negocios locales por años, reclamando pagos de protección. Los taxistas o camioneros podrían verse obligados a pagar un dólar, o dos al día para operar. Los pagos son mayores para las empresas más grandes.
El esquema de extorsión ha llegado a ser tan frecuente, que el cartel recientemente envió un mensaje a vendedores y dueños de tiendas, donde decía que el próximo año ya no exigirían pagos, debido que muchos de los productos, aperitivos y alimentos que venden ya estaban pagando dinero de protección a nivel de distribuidor.
