El Consejo Europeo acordó este jueves no reconocer la “legitimidad” Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del mes pasado, anunció Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, quien sostuvo Maduro se mantendrá como “presidente de facto”.
“Hemos estado pidiendo por las actas una y otra vez, pero un mes después no hay esperanza de que Maduro presente las actas, es muy tarde para seguirlas pidiendo”, manifestó Borrell tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.
“En vista de que no hay actas, de que no hay verificación y de que tenemos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo. El Consejo decidió que Maduro no tiene legitimidad democrática como presidente, él se mantendrá como presidente de facto, pero negamos la legitimidad democrática basándose en un resultado que no se puede verificar”, continuó.
Borrell reconoció que la decisión del jueves no tendrá consecuencias prácticas inmediatas, ya que la UE no ha impuesto sanciones por las elecciones.
Sin embargo, dijo que la medida era una "declaración firme" de la UE, que representa a unos 450 millones de personas.
El Consejo Europeo es la institución de la UE que define las orientaciones y las prioridades políticas generales de la Unión Europea.
Un mes después de que Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha publicado los resultados desglosados a pesar de las reiteradas peticiones de la comunidad internacional que ha exigido una verificación independiente.
La oposición, por su parte, publicó copias de las actas que conservaron sus testigos en los centros de votación en una página web y que confirmarían la victoria del candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, un embajador retirado de 75 años que fue respaldado por María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.
González Urrutia participó este jueves por videoconferencia en una reunión de ministros de cancilleres de la UE para presentar un cuadro de la situación que vive el país.
Antes de la reunión, el canciller de España, José Manuel Albares, había dicho que ante las evidencias de que el gobierno de Maduro no tiene “voluntad” de divulgar las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, su país solicitaría a la UE evaluar “qué hacer” para que la voluntad democrática de los venezolanos “triunfe”.
González Urrutia no ha acudido a dos citaciones de la fiscalía que lo investiga por la publicación de las actas que las autoridades consideran “usurpación de funciones”, argumentando que no cuenta garantías y que el fiscal general “se ha comportado reiteradamente como un acusador político”.
El candidato fue citado a declarar por tercera vez ante el Ministerio Público, pero Machado dijo que no acudirá a la citación, porque que en el país hay un sistema “totalitario”.
En 2013 el partido de gobierno publicó copias de sus actas digitalizadas tras las elecciones presidenciales en las que Maduro se impuso por estrecho margen sobre el excandidato Henrique Capriles, sin que hubiera acciones judiciales.
Decenas de países han condenado una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que falló convalidando los resultados electorales, tras un recurso interpuesto por Maduro, que de acuerdo a juristas no existe en el marco legal venezolano.
El informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que en principio sería confidencial y que finalmente fue publicado, expuso que la gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles. El gobierno de Maduro afirmó que el documento está “plagado de mentiras”.
Los resultados electorales provocaron protestas que, en algunos casos terminaron en violencia y vandalismo, y que dejaron 27 muertos y unos 2400 detenidos.
El gobierno acusa a la oposición de haber promovido actos violentos, mientras que la oposición sostiene que se busca imponer la narrativa para justificar detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas e intimidación contra la disidencia.
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