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Corte Suprema de Honduras ordena liberación de ambientalistas que protestaron contra minera


Vista del asentamiento de la mina de óxido de hierro Los Pinares, en las afueras de Tocoa, departamento de Colón, Honduras, el 28 de septiembre de 2021.
Vista del asentamiento de la mina de óxido de hierro Los Pinares, en las afueras de Tocoa, departamento de Colón, Honduras, el 28 de septiembre de 2021.

Los ambientalistas del conocido como Caso Guapinol habían recibido previamente una condena de culpabilidad. Con la orden del máximo tribunal de Justicia, se anula la sentencia.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras resolvió sorpresivamente dos amparos presentados hace un año y ordenó que seis ambientalistas que fueron sentenciados el pasado miércoles sean puestos en libertad en las próximas horas.

Los ambientalistas, quienes fueron encontrados culpables por los delitos de “privación ilegal de la libertad y daños agravados” en perjuicio de un empresario, iban a recibir sus penas individualizadas el próximo 21 de febrero.

Sin embargo, con la orden de nulidad emitida por la Corte, ahora deben ser puestos en libertad inmediata.

Kenia Oliva, abogada defensora de los ambientalistas, explicó a AP que la orden de nulidad se extiende a todo el proceso “desde el auto de formal procesamiento”, es decir, desde la acusación formal.


De acuerdo con el Ministerio Público, los ocho ambientalistas provocaron daños a la propiedad privada y retuvieron de forma ilegal a una persona durante un enfrentamiento que sostuvieron con guardias de seguridad de la empresa minera Los Pinares.

Seis de ellos fueron condenados el miércoles 9 de febrero y dos fueron absueltos de la responsabilidad penal. Uno de los amparos era contra el auto de formal procesamiento y el otro porque no se les otorgó en su momento una revisión de la medida de prisión.

Reacciones

Tras conocerse el nuevo fallo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su satisfacción y pidió a las autoridades hondureñas, a través de su cuenta de Twitter, “asegurar su pronta liberación”.

El organismo, que ha estado dando seguimiento al proceso, consideró desde el principio que el MP no se condujo mediante “el principio de objetividad” en este caso.

Mary Lawlor, relatora especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, también se mostró complacida con el dictamen y afirmó que éste fue posible gracias a “la perseverancia de familias, comunidades (@guapinolre), abogados, ONG, las orgs internacionales y periodistas”.


También cientos de pobladores de la localidad de Trujillo, en el departamento de Colón, lugar de donde son originarios los ambientalistas, salieron a las calles para acompañar a los familiares de los ocho ambientalistas con el fin de celebrar su liberación.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para el activismo ambientalista. El crimen más sonado a la fecha es el de Berta Cáceres, ultimada a balazos el 3 de marzo de 2016 por desconocidos que entraron a su casa en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá.

De acuerdo con datos publicados por Global Witness el 2 de marzo de 2020, al menos 27 personas defensoras de la tierra y el territorio habían sido asesinadas desde el ataque a Cáceres.

Según las estadísticas de Vía Campesina, una organización de Honduras que aglutina a varias organizaciones de campesinos para defender sus derechos, a esas muertes se suman 12 más ocurridas en los meses posteriores de ese año.

* Con información de AP.

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