Costa Rica confía en que los acuerdos migratorios suscritos recientemente entre Estados Unidos y los tres países del Triángulo Norte --Guatemala, Honduras y El Salvador-- arrojarán buenos resultados.
“No es solamente la respuesta de una política migratoria de Estados Unidos, sino es el protagonismo de cuatro países liderados por México que están buscando una respuesta”, dijo el martes desde Washington la vicepresidenta Epsy Campbell Barr.
Al firmar un acuerdo la semana pasada con Honduras, el gobierno de Donald Trump selló el Triángulo Norte de Centroamérica porque impide a solicitantes de asilo ingresar en Estados Unidos si transitaron antes por la zona.
Campbell admitió que el endurecimiento de la política migratoria estadounidense tendrá impacto en los grupos más vulnerables de la región, pero explicó que el gobierno del presidente Carlos Alvarado prefiere centrarse en el potencial que para esos países representa el plan de desarrollo regional concebido en mayo por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“Lo vemos con buenos ojos y nos hemos ofrecido para ver cómo cooperamos”, indicó.
México ha asumido la voz principal que acude a la comunidad internacional buscando financiamiento para los siete proyectos incluidos en el plan, el cual requiere una inversión anual de 10.000 millones de dólares durante una década.
Estados Unidos ha dicho que anunciará un plan para promover el desarrollo económico en México, Guatemala, Honduras y El Salvador solamente después de que los flujos de inmigración ilegal se reduzcan a raíz de que esos países implementen los acuerdos migratorios bilaterales.
Durante una entrevista concedida a The Associated Press en su embajada, Campbell señaló que Estados Unidos no le ha planteado a San José un acuerdo similar porque Costa Rica no es emisor de emigrantes y por lo tanto “no es un problema de migración para Estados Unidos ni para ningún otro país”.
Campbell relató que su país enfrenta un problema opuesto, ya que depende absolutamente de la cooperación internacional para procesar las 70.000 solicitudes de asilo presentadas por nicaragüenses que abandonaron su país a raíz de las protestas callejeras que dejaron 325 muertes durante 2018.
A esas solicitudes nicaragüenses se le suma una cantidad importante de venezolanas. Campbell no disponía una cifra estimada, pero el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos estima que al menos 25.000 de ellos residen en Costa Rica.
“Vamos a depender de la cooperación internacional, no cabe la menor duda”, indicó la funcionaria, alegando que el gasto público ha disminuido de manera sustancial a raíz de una reforma fiscal reciente.
Campbell dijo que su gobierno ya recibe fondos de la Organización Internacional de Migraciones y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), pero no dijo a cuánto asciende, qué porcentaje representa del financiamiento requerido por el sistema de asilos, ni tampoco precisó si es suficiente para procesar debidamente las solicitudes.
Tampoco estimó cuánto tardará su gobierno en responder a los solicitantes de asilo.
Campbell visitó la capital estadounidense tras asistir la semana pasada a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y planea volver a su país el miércoles.
