Cortes de inmigración de Boston a Los Ángeles han sufrido las consecuencias de una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que ha provocado que se expidan órdenes de deportación y se desestimen los casos, provocando más caos en un sistema que ya estaba asediado por dilatadas listas de espera y retrasos.
La decisión, poco conocida, abordó lo que podría parecer una cuestión procesal estrecha sobre cómo proporcionar avisos a los inmigrantes para que se presenten ante los tribunales por los procedimientos de deportación. Pero está teniendo implicaciones más amplias en los tribunales de inmigración que están a cargo de decidir si se les debe permitir a cientos de miles de personas quedarse en Estados Unidos.
Desde que se emitió la decisión en junio, los abogados de inmigración han estado pidiendo a los jueces que desestimen los casos de sus clientes. Algunos jueces de inmigración se han negado a emitir órdenes de deportación para inmigrantes. Y en un caso reciente en el estado de Washington, los cargos contra un trabajador agrícola mexicano acusado de reingresar ilegalmente al país fueron desestimados.
No está claro cuántos casos de inmigración podrían verse afectados. Algunos jueces de inmigración han negado las solicitudes de los abogados, pero otros en estados como Tennessee, Nueva Jersey y California los han aceptado.
"Las consecuencias potenciales de la decisión son masivas", dijo Jeremy McKinney, un abogado de inmigración en Greensboro, Carolina del Norte.
La decisión 8-1 de la Corte Suprema se centró en el caso de un trabajador brasileño que solicitaba una tarjeta verde especial para inmigrantes que han estado en el país por lo menos 10 años, tienen un buen carácter moral y cuyos familiares estadounidenses sufrirían si fueran deportado
Wescley Pereira llegó a Estados Unidos con una visa de turista en el año 2000 y se estableció en Martha's Vineyard, Massachusetts, donde tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos. En 2006, Pereira fue arrestado por operar un vehículo bajo la influencia del alcohol y se le dio un aviso para comparecer ante el tribunal de inmigración, pero no incluyó detalles sobre la audiencia. Más de un año después, se le envió un correo con esa información, pero la misiva fue devuelta con un aviso de "imposible de entregar", y un juez de inmigración ordenó su deportación cuando no se presentó.
Pereira fue detenido en 2013 por conducir sin luces encendidas, y con la orden de deportación en su registro, las autoridades de inmigración lo detuvieron.
Para entonces, había vivido en el país el tiempo suficiente para buscar una tarjeta verde. Pero el gobierno de EE.UU. dijo que Pereira solo podía contar el tiempo antes de recibir el aviso de sus aspiraciones de tarjeta verde.
La Corte Suprema no estuvo de acuerdo y dijo que un aviso que no incluye la hora y el lugar de una audiencia no es un aviso bajo la ley, y que Pereira estaba acumulando tiempo en el país para su solicitud todo el tiempo. Sin mencionar el lugar y la fecha, "el gobierno no puede esperar razonablemente que el no ciudadano comparezca para su proceso de deportación", escribió la jueza Sonia Sotomayor en la decisión de la mayoría.
El juez Samuel Alito emitió un desacuerdo solitario, diciendo que el gobierno de EE.UU. no puede poner una fecha precisa en los avisos ya que una agencia los emite y otro establece las audiencias. Simplemente agregar una fecha arbitraria, dijo, probablemente "engañará a muchos destinatarios y perjudicará a los que hacen los preparativos en el supuesto de que la fecha inicial sea firme".
Validez de los avisos
Desde el fallo, los abogados de inmigración han argumentado que los avisos sin fecha que sus clientes recibieron en los últimos años no son válidos. En algunos casos, piden que los casos de deportación se descarten por completo, y en otros, que se elimine una orden de deportación de los registros de inmigrantes para que puedan tener otra oportunidad de argumentar que se les debe permitir permanecer en el país.
"Realmente no se puede ordenar que deporten a alguien por no presentarse cuando no les dijiste cuándo aparecer", dijo McKinney.
El Servicio de Inmigración y Aduanas, que busca llevar a cabo deportaciones para el gobierno, ha estado retrocediendo. La agencia que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional ha estado litigando el asunto y apelando las decisiones de los jueces de rechazar los casos de deportación, según ICE.
Un portavoz de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, que es parte del Departamento de Justicia, dijo que se está trabajando en un mecanismo para que los funcionarios de Seguridad Nacional puedan emitir avisos con una fecha, hora y lugar específicos, pero los que aún no pueden ser aceptados por los tribunales de inmigración.
Respuestas de los jueces
Los jueces de inmigración han adoptado diversos enfoques para estas solicitudes, con algunos aprobándolos y otros negándolos.
Pero hay muchos que se deben tratar en un sistema judicial de inmigración ya atrasado con más de 700,000 casos pendientes.
En un tribunal de Los Ángeles, la juez de inmigración Lori Bass recibió tantas solicitudes que programó una audiencia especial para manejarlas. En Arlington, Virginia, un juez de inmigración celebró una audiencia grupal improvisada para atender 20 solicitudes de ese tipo, lo que representaba casi la mitad del expediente de la sesión, dijo el abogado de inmigración Parastoo Zahedi.
Juez Dana Marks, presidente emérito de la Asociación Internacional de Jueces de Inmigración, dijo que un número significativo de casos se ven afectados y con los jueces teniendo diferentes puntos de vista, el problema probablemente se acumulará nuevamente en los tribunales.
En el último mes, dijo que ha visto alrededor de 50 de esas mociones en su tribunal de inmigración en San Francisco. "Es un asunto legal muy espinoso", dijo Marks. "Resalta nuevamente cuán increíblemente complicada es la ley de inmigración".
El impacto del fallo también se extendió más allá de los tribunales de inmigración.
Un juez federal en Spokane, Washington, desestimó una acusación formal contra el trabajador agrícola de 30 años José Virgen-Ponce por volver a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de descubrir que fue deportado indebidamente a México hace dos años con un aviso incompleto.
Virgen-Ponce, que vino al país en 2006 y tiene varias condenas relacionadas con drogas y con la conducción de vehículos, está detenido en un centro de detención de inmigrantes en Tacoma, Washington, mientras que las autoridades de EE.UU. nuevamente intentan deportarlo.
