Exactamente 64 mujeres, de 68, condenadas en El Salvador por “homicidio agravado” luego de haber sufrido abortos espontáneos han sido liberadas en ocho años de trabajo de la agrupación Colectiva Feminista.
La organización, que trabaja en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dio detalles del trabajo que ha venido realizando y celebró la liberación de las mujeres, la última a finales de abril.
“En El Salvador tenemos una ley que penaliza de forma absoluta el aborto. Una de sus consecuencias es la criminalización de mujeres que viven emergencias obstétricas. Las acusan por aborto y las terminan condenando por homicidio agravado”, señaló Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto (ACDATEE).
La presidenta de ACDATEE agregó que las mujeres son sometidas a penas que van desde los 30 a los 45 años, en muchos de los casos violando sus derechos humanos.
“Hoy celebramos la libertad de la mayoría de las mujeres condenadas por esta razón, hemos sacado de la cárcel a 64 mujeres. Nos quedan cuatro”, agregó durante una conferencia de prensa desde Barcelona, donde resaltó el apoyo de una coalición de organismos internacionales, entre ellos la Casa América Catalunya.
El código penal salvadoreño prohíbe desde 1998 el aborto en toda circunstancia, incluso en caso de peligro para la salud de la madre o del niño, y prevé penas de hasta ocho años de prisión.
Sin embargo, los procesamientos suelen ser por "homicidios agravados", punibles con hasta 50 años de prisión.
María Teresa, una de las 64 mujeres liberadas, salió en libertad después de recibir un indulto. Dijo que tanto ella como el resto de las mujeres han sido “injustamente condenadas” y que han purgado penas por delitos que no cometieron.
Las mujeres liberadas aseguran que muchas de ellas fueron procesadas después de buscar ayuda médica por complicaciones en el embarazo, sospechosas de haber intentado un aborto.
La ley genera "estigma y prejuicio y crea condiciones para que las mujeres sean perseguidas, denunciadas, procesadas y encarceladas injustamente", denunció la representante de ACDATEE.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado derogar la ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, pero no han obtenido resultados.
A finales del año pasado el Congreso salvadoreño rechazó reformar el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes consientan o realicen un aborto, cerrando así las puertas para el procedimiento incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo.
El presidente Nayib Bukele escribió entonces en su cuenta de Facebook que no iba a “proponer ningún tipo de reformas A NINGUN ARTICULO que tenga que ver con el DERECHO A LA VIDA (desde el momento de la concepción)”.
En repetidas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado a El Salvador a que revise las condenas de las mujeres encarceladas por haber abortado.
Se estima que en El Salvador, una nación de casi siete millones de habitantes, unas 25.000 mujeres quedan embarazadas tras ser violadas cada año y se realizan miles de abortos clandestinos.
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