El mexicano Edgar Tamayo fue ejecutado en Texas a pesar de los pedidos de clemencia de sus abogados, familia, el gobierno mexicano y aún el secretario de Estado, John Kerry.
En una declaración, el Departamento de Estado "lamentó" la decisión de Texas de proceder con la ejecución "sin revisar ni reconsiderar" las obligaciones internacionales de Estados Unidos, pero dijo seguir comprometido a trabajar bajo las mismas.
Tamayo fue ejecutado en la noche del miércoles por inyección letal, poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos negó una petición de parar la ejecución.
Tamayo fue encontrado culpable de matar a un policía de Houston poco después de ser arrestado por sospechas de robo, usando una pistola que tenía escondida en su pantalón.
Sus abogados argumentaron que Tamayo no fue informado de que podía obtener asistencia legal de parte del consulado de México bajo un acuerdo internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que data de 1963.
Kerry pidió al gobernador de Texas, Rick Perry, y al fiscal general, Greg Abbott, reconsiderar la ejecución de Tamayo, diciendo que podía tener un impacto negativo en los estadounidenses que se encuentren en problemas legales en el extranjero.
En una declaración, el gobierno mexicano dijo esta semana que la ejecución de Tamayo sería una “clara violación” de las obligaciones internacionales de Estados Unidos.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia urgió a Estados Unidos revisar las penas de muerte para 51 ciudadanos mexicanos, incluyendo a Tamayo, en base a que no habían sido informados de sus derechos consulares.
En una declaración, el Departamento de Estado "lamentó" la decisión de Texas de proceder con la ejecución "sin revisar ni reconsiderar" las obligaciones internacionales de Estados Unidos, pero dijo seguir comprometido a trabajar bajo las mismas.
Tamayo fue ejecutado en la noche del miércoles por inyección letal, poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos negó una petición de parar la ejecución.
Tamayo fue encontrado culpable de matar a un policía de Houston poco después de ser arrestado por sospechas de robo, usando una pistola que tenía escondida en su pantalón.
Sus abogados argumentaron que Tamayo no fue informado de que podía obtener asistencia legal de parte del consulado de México bajo un acuerdo internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que data de 1963.
Kerry pidió al gobernador de Texas, Rick Perry, y al fiscal general, Greg Abbott, reconsiderar la ejecución de Tamayo, diciendo que podía tener un impacto negativo en los estadounidenses que se encuentren en problemas legales en el extranjero.
En una declaración, el gobierno mexicano dijo esta semana que la ejecución de Tamayo sería una “clara violación” de las obligaciones internacionales de Estados Unidos.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia urgió a Estados Unidos revisar las penas de muerte para 51 ciudadanos mexicanos, incluyendo a Tamayo, en base a que no habían sido informados de sus derechos consulares.
