El gobierno federal apeló el miércoles el fallo de un juez de San Francisco que bloqueó la política del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan sus audiencias en los tribunales de inmigración.
El recurso presentado en el Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito no solicitó de inmediato que la corte impidiera que el fallo del tribunal menor entrara en vigor el viernes.
El juez Richard Seeborg había dado al gobierno hasta finales de la semana para apelar su fallo del lunes, en el cual dijo que concedería una solicitud de un grupo defensor de las libertades civiles para suspender la práctica en lo que la demanda se abre paso en el sistema judicial.
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La política quebranta la ley estadounidense debido a que no evalúa adecuadamente los peligros que los migrantes enfrentan en México, dijo Seeborg. Agregó que la ley mencionada por autoridades gubernamentales no es aplicable a las 11 personas en busca de asilo que demandaron.
Estados Unidos tomó la medida sin precedentes en enero en el cruce fronterizo más transitado del país, en San Diego, en respuesta al número creciente de familias que huyen de la pobreza y la violencia de pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Después de que la política entrara en vigor, las familias en busca de asilo que usualmente habrían sido puestas en libertad en Estados Unidos con notificaciones para comparecer ante la corte fueron regresadas a México para que esperaran sus audiencias.
El gobierno tenía la esperanza de que la medida desalentara la presentación de solicitudes de asilo con poco sustento y ayudara a reducir el retraso de más de 800.000 casos en los tribunales de inmigración.
Según la nueva política, a las personas que solicitan asilo no se les garantizan intérpretes ni abogados, y no podían argumentar ante un juez que se enfrentan a una posible persecución o tortura en México, argumentó el grupo activista Unión Americana de Libertades Civiles.
El gobierno ha dicho que intenta lidiar con una crisis en la frontera sur. Aunque los arrestos de la Patrulla Fronteriza, la forma más utilizada para llevar un conteo de los cruces ilegales, han aumentado bruscamente en el último año, son relativamente bajos en comparación con años pasados después de llegar a su nivel más bajo en 46 años en 2017.
