Un juez federal prohibió el lunes al gobierno de Donald Trump que niegue el asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal.
El juez federal de distrito Jon S. Tigar dictó una orden de restricción temporal tras escuchar los argumentos de ambas partes en San Francisco.
La petición fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y por el Centro por los Derechos Constitucionales, quienes interpusieron una demanda justo después de que Trump decretó el veto este mes en respuesta a las caravanas de migrantes que comenzaron a llegar a la frontera sur.
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Trump emitió el 9 de noviembre un decreto en virtud del cual cualquier persona que haya cruzado la frontera sur de Estados Unidos no sería candidata para recibir asilo. Las normas, que permanecerían vigentes tres meses a menos que se produjese una orden judicial, habrían dificultado que las miles de personas que ingresan al país eviten la deportación.
“Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso”, dijo Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. “No se puede ser más claro”.
En los últimos años, decenas de miles de migrantes se han presentado cada año en el desierto de Arizona o en la cuenca norte del río Bravo en Texas para entregarse a las autoridades migratorias y solicitar asilo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) calcula que cada año unas 70.000 personas piden asilo después de ser detenidas entre los puertos oficiales de ingreso.
Trump argumenta que las caravanas más recientes son una amenaza a la seguridad nacional.
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Alrededor de 3.000 personas de la primera caravana llegaron a Tijuana, México, en la frontera con San Diego, California. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo el lunes que cerró el tránsito con dirección norte del cruce de San Ysidro durante varias horas. También instaló barreras móviles con alambre de púas en la parte superior, aparentemente para impedir un ingreso masivo de personas.
Desde la entrada en vigor del decreto presidencial y hasta el lunes, 107 personas detenidas entre los puertos de ingreso solicitaron asilo, informó el DHS, que está al frente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los funcionarios no revelaron si los casos de esas personas avanzan por los otros canales que tienen disponibles para procesar su solicitud.
El DHS ha dicho que quiere que los solicitantes de asilo en la frontera sur se presenten en un cruce fronterizo oficial. Pero muchos de ellos, como el de San Ysidro, ya tienen un largo tiempo de espera. Por lo regular, las personas se ven obligadas a aguardar, incluso semanas, en refugios o en campamentos al aire libre en el lado mexicano.
El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, dijo que algunos de los solicitantes de asilo cruzan entre los puertos debido a que “corren un peligro real”, ya sea en México o en sus países de origen.
“No condonamos a los que ingresan entre los puertos de ingreso, pero el Congreso ha tomado de la decisión de que si ellos lo hacen, de todas formas se les debe permitir solicitar asilo”, comentó.
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