La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen M. Nielsen, anunció el viernes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras en conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Nielsen señaló que para permitir una transición ordenada se ha determinado extender la fecha de vigencia por 18 meses. Con este anuncio los casi 60.000 hondureños beneficiados tienen hasta el 5 de enero de 2020 para permanecer legalmente en el país.
El comunicado del departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indica que la decisión de terminar el TPS para Honduras se tomó después de una revisión de las condiciones ambientales relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original del país en 1999 y una evaluación de si esas condiciones de origen continúan existiendo, como lo requiere la ley.
Así, los hondureños amparados por el estatus de protección temporal, luego de un devastador huracán ocurrido hace dos décadas, se suman a cientos de miles de otros inmigrantes de países golpeados por la violencia y los desastres naturales que han perdido el permiso temporal para estar en los Estados Unidos como El Salvador, Haití y Nicaragua.
El anuncio del Departamento de Seguridad Nacionalexplica que la decisión se basó en “una cuidadosa consideración de la información disponible, incluidas recomendaciones recibidas como parte de un proceso de consulta interinstitucional”.
Agrega que la secretaria Nielsen considera que “la interrupción de las condiciones de vida” en Honduras causada por el huracán Mitch que llevó a la designación del TPS, “ha disminuido en un grado tal que ya no debería ser considerado como sustancial”, por lo que la designación debe finalizar “como lo exige el estatuto aplicable”.
Según el DHS desde 1999, las condiciones en Honduras que resultaron del huracán han mejorado notablemente, y de acuerdo a la última revisión de las condiciones del país en octubre de 2016, “Honduras ha logrado un progreso sustancial en la recuperación y reconstrucción posterior al huracán del Huracán Mitch de 1998”.
El plazo de 18 meses anunciado para el fin del TPS para los hondureños tiene por objeto dar tiempo a las personas amparadas por el programa para organizar su partida o buscar un estado de inmigración legal alternativo en los Estados Unidos, si es elegible. También dará tiempo al gobierno de Honduras “para prepararse para el regreso y reintegración de sus ciudadanos, apunta el DHS.
Los hondureños beneficiados con el TPS todavía pueden recibir otras protecciones bajo el sistema de inmigración para el cual son elegibles, indica el comunicado, el cual señala que en los próximos 18 meses, el DHS trabajará con el Departamento de Estado y el gobierno de Honduras para ayudar a educar a las partes interesadas relevantes y facilitar una transición ordenada.
Reacciones
El anuncio provocó una ola de condenas en las redes sociales, tanto de legisladores como la republicana por Florida, Ileana Ros Lehtinen, como de organizaciones e individuos defensores de inmigrantes.
“La decisión equivocada de la Administración de rescindir la designación del #TPS para #Honduras, siguiendo una decisión similar para #Haiti, #Nicaragua, + #ElSalvador, afecta negativamente a las familias, a nuestra economía y a la comunidad #SoFla. Insto a @DHSgov a reconsiderar una vez más” escribió la legisladora.
La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, calificó la decisión como "desalmada e inconsistente con el propósito del TPS".
"Este es el sexto país para el cual el gobierno (de EE.UU.) ha terminado el estado de protección temporal. La inestabilidad y la violencia en Honduras hace que esta decisión sea desalmada e inconsistente con el propósito de TPS. También conducirá a una mayor desestabilización", escribió el ACLU en Twitter.
La división de inmigración del Centro para el Progreso Americano, CAP por sus siglas en inglés, que ha calificado de escribió: “La decisión de la administración de finalizar la designación del #TPS para Honduras tendrá consecuencias negativas para las comunidades locales, los estados y el país en general. Pero los más afectados serán los titulares del TPS, y sus hijos, que llaman hogar a este país”.
Según el CAP, si los trabajadores hondureños amparados por el TPS son retirados de la fuerza laboral, los estados perderían cientos de millones anuales en ingresos brutos (PIB). Solo Texas perdería $404 millones, California $307 millones, Florida $340 millones y Carolina del Norte $265 millones, por citar algunos.
Expertos de inmigración y seguridad nacional del CAP han calificado de ”inmoral e imprudente” la decisión de terminar el TPS para los hondureños.
El Centro estima que unos 53.000 niños estadounidenses tienen padres hondureños protegidos por el TPS. Esas familias necesitarán ahora buscar la manera de permanecer legalmente en EE.UU., separarse o regresar a Honduras.
