A principios de este mes, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, aprovechó una comparecencia desde la sede departamento para anunciar los resultados de un grupo de trabajo encargado de hacer cumplir la ley que lanzó en marzo pasado la Administración Biden en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.
Apareciendo junto a su homólogo ucraniano, Andrii Kostin, Garland anunció que había autorizado la transferencia de activos rusos incautados por valor de 4,5 millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania después de que un juez ordenara su decomiso.
El dinero salió de una cuenta bancaria -con sede en Denver, Colorado- del oligarca ruso Konstantin Malofeyev sancionado en abril pasado, desde entonces los fiscales de la Fuerza de Tarea KleptoCapture buscaban su decomiso.
A finales de diciembre, el Congreso otorgó al Departamento de Justicia nuevas autoridades para transferir las ganancias de ciertos activos incautados hacia la reconstrucción de Ucrania.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo que esa dependencia espera recibir los fondos confiscados de Malofeyev en unos 60 días y “los usará para brindar asistencia a Ucrania, para ayudar a remediar parte del daño causado por la agresión de Rusia”.
A un año de la invasión rusa, cientos de millones de dólares en activos rusos, incautados por el grupo KleptoCapture, continúan sujetos a decomiso, según Andrew Adams, jefe del grupo.
La cantidad no es insignificante pero palidece en comparación con los cientos de miles de millones de dólares que serán necesarios para reconstruir Ucrania. “Pero toda contribución es importante”, dijo Adams, hablando en el Instituto Hudson el mes pasado.
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El grupo de trabajo interinstitucional fue lanzado solo seis días después de la invasión rusa de Ucrania del 24 de febrero de 2022 y tienen la misión: apoderarse de los activos de los oligarcas que, según los funcionarios estadounidenses, sustentan el régimen del presidente Vladimir Putin.
Incautaciones por todo el mundo
Tras el primer mes, el equipo anunció su primera gran incautación de activos. Atendiendo a una solicitud de Estados Unidos, las autoridades españolas incautaron un yate de lujo de 77 metros de eslora perteneciente al multimillonario ruso sancionado Victor Vekselberg el 4 de abril. El precio estimado de la embarcación: 90 millones de dólares.
Malofeyev fue acusado de violar las sanciones y confiscaron su cuenta bancaria estadounidense.
El mes siguiente llegó la mayor captura del grupo de trabajo: las autoridades de Fiji incautaron un superyate de lujo de 300 millones de dólares que pertenecía a otro oligarca ruso, sancionado por presuntos vínculos con Putin: Suleiman Kerimov.
Otros oligarcas, como el magnate del aluminio Oleg Deripaska, han sido señalados, pero sus propiedades aún no han sido incautadas.
Como es lógico, para que que el Departamento de Justicia pueda transferir fondos a Ucrania, primero debe confiscar los activos incautados, es decir, tomar su propiedad.
Hay dos tipos principales de decomiso de activos: el decomiso penal y el decomiso civil.
El decomiso penal, utilizado para tomar una propiedad utilizada en un delito, requiere una condena penal. Una demanda de decomiso civil, por otro lado, se presenta contra una propiedad en lugar de un individuo y no requiere una condena.
Con la mayoría de los oligarcas rusos acusados por la cartera de Justicia en general, es casi seguro que el departamento buscará el decomiso civil contra la mayoría de los activos incautados, dicen los expertos legales.
La cuenta bancaria de Molafeyev fue confiscada a través de una demanda civil. Este mismo viernes, el Departamento de Justicia presentó una demanda de decomiso civil contra seis propiedades inmobiliarias estadounidenses propiedad de Vekselberg.
Ellen Zimiles, directora de delitos financieros, fraude y servicios de investigación de la consultora Guidehouse, dijo que el proceso de decomiso civil varía según el tipo de activos.
Incautar dinero en efectivo o una cuenta bancaria es "generalmente más fácil" que otras formas de activos, explicó Zimiles.
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