Una mujer guatemalteca cuya hija de un año murió semanas después de que fueran liberadas de un centro de detención para inmigrantes en Texas, demandó el miércoles a la empresa privada que opera la instalación.
Los abogados de Yazmín Juárez están exigiendo una indemnización de 40 millones de dólares a CoreCivic en la denuncia presentada ante una corte federal de San Antonio. Es la tercera impugnación legal que presentan relacionada con la muerte de Mariee, la hija de Yazmín, en mayo del año pasado.
Las muertes de niños detenidos por agentes fronterizos han atraído atención nacional, así como las condiciones en las instalaciones fronterizas donde en algunos casos decenas de niños han estado detenidos juntos al mismo tiempo. Juárez testificó el 10 de julio ante un panel de la Cámara de Representantes federal mientras se mostraban fotos de Mariee en pantallas. Algunos legisladores se enjugaban las lágrimas durante el testimonio de Juárez.
CoreCivic opera el centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dilley, Texas, la instalación más grande de su tipo. Los abogados de Juárez dicen que CoreCivic permitió que las malas condiciones se agravaran en la instalación de 2.400 camas.
“Ni siquiera creemos que sea apropiado encarcelar a niños pequeños”, dijo Stanton Jones, un abogado de Juárez. “Como mínimo, si CoreCivic está ganando grandes cantidades de dinero para operar una cárcel para niños, eso conlleva obligaciones legales”.
En los estados financieros de CoreCivic se afirma que tuvo ingresos por 171 millones de dólares en las instalaciones de Dilley el año pasado.
En un comunicado, la vocera de CoreCivic, Amanda Gilchrist, dijo que la compañía “sentía mucha solidaridad hacia la familia y la pérdida trágica de su hija”, y que el ICE era el responsable de la contratación y supervisión del personal médico.
“Nos importa cada una de las personas que nos confían, sobre todo las poblaciones vulnerables para las que nuestros socios mantienen, con derecho, estándares muy altos que trabajamos duro cada día para conservar”, dijo Gilchrist.
Mariee murió en mayo de 2018 después de una hemorragia que le ocasionó daños irreversibles en el cerebro y otros órganos, seis semanas después de que ella y su madre fueran liberadas de Dilley. Juárez afirma que cuando salieron de Dilley, Mariee estaba muy enferma y al día siguiente ingresó a una sala de urgencias.
Según los abogados de Juárez, Mariee comenzó a presentar síntomas de enfermedad respiratoria varios días después de que fueron llevadas a Dilley. A medida que su salud empeoró -con una fiebre que alcanzó los 40,1 grados Celsius (104,2 Fahrenheit), y luego tos y vómito- sus abogados argumentan que los médicos de Dilley no la atendieron de forma adecuada, y después erróneamente le permitieron viajar.
El ICE dice que instalaciones como la de Dilley están mejor adaptadas que las celdas de la Patrulla Fronteriza para detener a niños, con dormitorios y áreas de juegos. El actual director interino de la agencia, Matthew Albence, le dijo el año pasado al Congreso que los centros de detención para familias como el de Dilley es mejor describirlos “más como un campamento de verano”.
Sin embargo, abogados y activistas han documentado denuncias de otras madres inmigrantes que afirman que les negaron sus peticiones de atención médica.
Los abogados de Juárez ya presentaron una denuncia legal contra el ICE y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos exigiendo 60 millones de dólares como precursor a una demanda. También presentaron una demanda por 40 millones de dólares contra Eloy, Arizona, la ciudad que previamente tenía un acuerdo con el ICE para fungir como una “entidad para reducir los efectos de la doble recaudación fiscal” con el fin de financiar a CoreCivic.
