Los jóvenes indocumentados amparados bajo la “acción diferida”, que les permite obtener un permiso de trabajo y un número de Seguro Social demandaron al estado de Arizona por negarles el acceso a una licencia de conducir.
La demanda fue presentada el jueves por una coalición de organizaciones civiles encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en representación de la Coalición del Acta Sueño de Arizona y de cinco jóvenes indocumentados beneficiados por la Acción Diferida, un beneficio migratorio otorgado por el gobierno estadounidense a los jóvenes que califican.
La demanda interpuesta en la Corte Federal en Phoenix asegura que el estado de Arizona viola la Constitución al interferir con la ley federal de inmigración, también indica que se viola la enmienda 14 de igualdad de protección al discriminar en contra de un cierto grupo de no ciudadanos.
"Este es un ataque vergonzoso en contra de nuestra juventud, cuando a nuestros brillantes jóvenes se les niega una licencia de conducir, esto les dificulta ir a la escuela, trabajo o conseguir sus sueños, algo que afecta a toda nuestra comunidad", dijo en conferencia de prensa Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona.
En respuesta a la “acción diferida”, el pasado mes de agosto, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer firmó una orden ejecutiva para negar el acceso a las licencias de conducir y cualquier otro beneficio a este grupo de jóvenes, argumentando que la “acción diferida” no otorga estatus legal permanente.
Los beneficios de la “acción diferida” son por dos años con la posibilidad de ser renovados, esta situación hace aún más urgente la aprobación de una reforma migratoria permanente o de un Dream Act que sí asegure el futuro de los jóvenes indocumentados en EE.UU.
Según el Instituto de Política de Inmigración, aproximadamente 1,7 millones de jóvenes indocumentados son elegibles para la acción diferida, de los cuales 80.000 viven en Arizona.
La demanda fue presentada el jueves por una coalición de organizaciones civiles encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en representación de la Coalición del Acta Sueño de Arizona y de cinco jóvenes indocumentados beneficiados por la Acción Diferida, un beneficio migratorio otorgado por el gobierno estadounidense a los jóvenes que califican.
La demanda interpuesta en la Corte Federal en Phoenix asegura que el estado de Arizona viola la Constitución al interferir con la ley federal de inmigración, también indica que se viola la enmienda 14 de igualdad de protección al discriminar en contra de un cierto grupo de no ciudadanos.
"Este es un ataque vergonzoso en contra de nuestra juventud, cuando a nuestros brillantes jóvenes se les niega una licencia de conducir, esto les dificulta ir a la escuela, trabajo o conseguir sus sueños, algo que afecta a toda nuestra comunidad", dijo en conferencia de prensa Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona.
En respuesta a la “acción diferida”, el pasado mes de agosto, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer firmó una orden ejecutiva para negar el acceso a las licencias de conducir y cualquier otro beneficio a este grupo de jóvenes, argumentando que la “acción diferida” no otorga estatus legal permanente.
Los beneficios de la “acción diferida” son por dos años con la posibilidad de ser renovados, esta situación hace aún más urgente la aprobación de una reforma migratoria permanente o de un Dream Act que sí asegure el futuro de los jóvenes indocumentados en EE.UU.
Según el Instituto de Política de Inmigración, aproximadamente 1,7 millones de jóvenes indocumentados son elegibles para la acción diferida, de los cuales 80.000 viven en Arizona.
