El Departamento del Interior de EE.UU. ha anunciado planes para abrir el 90 por ciento de las aguas costeras de Estados Unidos a la extracción de petróleo, incluso frente a California y Florida, dos áreas donde los activistas han trabajado durante años para proteger los ecosistemas marinos de los derrames de petróleo.
El propuesto plan quinquenal publicado el jueves es mucho más amplio que uno emitido por el presidente Donald Trump en abril del año pasado.
El Departamento del Interior propone 47 posibles subastas de derechos de perforación en casi todas las partes de la plataforma continental de EE.UU.
Es un aumento importante de las 11 ventas de arrendamiento durante la administración Obama.
El borrador del plan dice que se permitiría la venta de arriendos de perforación en 25 de las 26 áreas de planificación frente a las costas del país, incluidas 19 áreas en las aguas alrededor de Alaska, siete en el Océano Pacífico y nueve en el Océano Atlántico.
Un área no incluida, son las aguas cerca de las Islas Aleutianas en el extremo oeste de Alaska, que fueron protegidas por el ex presidente George W. Bush.
"Vamos a convertirnos en la superpotencia energética más fuerte que este mundo haya conocido", dijo el jueves el secretario del Interior, Ryan Zinke, a periodistas en una conferencia telefónica.
"Queremos hacer crecer la industria de energía costa afuera de nuestra nación, en lugar de cederla lentamente a costas extranjeras. Produciremos energía suficiente para satisfacer nuestras necesidades en el país y exportaremos energía suficiente para liderar el mundo", afirmó.
Zinke también dijo en un comunicado de prensa el jueves que "el desarrollo responsable de nuestros recursos energéticos" es importante para la economía de EE.UU. y ayudará a financiar la conservación de la costa. Dijo que la amplia propuesta pretende dar inicio a un período de comentarios públicos "largo y sólido".
"No todas las áreas son apropiadas para la perforación costa afuera, y lo tendremos en cuenta en las próximas semanas", dijo.
El Departamento del Interior se encarga de establecer la fecha de inicio del período de 60 días para comentarios públicos. Algunos críticos de la propuesta ya han dado a conocer sus sentimientos.
