Los fabricantes de armas de fuego solicitaron el lunes a una corte federal en Massachusetts que desestime una demanda presentada por el gobierno mexicano en la que argumenta que los fabricantes estadounidenses de armas y sus distribuidores impulsaron la violencia en México mediante prácticas comerciales negligentes e ilícitas.
Beretta U.S.A. Corp. afirmó que no existen bases para que el tribunal ejerza jurisdicción sobre Beretta en el caso.
“El demandante es el gobierno de México. Beretta es una corporación de Maryland con sede corporativa, instalaciones y centro principal de negocios en Maryland. Y los daños por los que el demandante exige compensación ocurrieron todos en México”, escribió la empresa en un documento presentado el lunes ante la corte.
Otros fabricantes de armas — incluyendo a Smith & Wesson, Colt's Manufacturing, Glock Inc., y Sturm, Ruger & Co. — también solicitaron que se desestime la demanda.
Otro de los acusados es Interstate Arms, un mayorista del área de Boston que vende armas de casi todas las empresas acusadas a distribuidores en todo Estados Unidos.
El gobierno mexicano argumenta que las compañías saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas hacia México y lo facilitan. El gobierno de México exigió varios cambios a la manera como las empresas realizan sus negocios, así como una indemnización por los costos de la violencia.
El gobierno mexicano calcula que el 70% de las armas traficadas hacia México provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y que, tan sólo en 2019, se vincularon al menos 17.000 homicidios a armas de contrabando.
Beretta dijo que los argumentos del gobierno mexicano son endebles, y que en la demanda no existen señalamientos factuales que vinculen las ventas legales de Beretta en Massachusetts con el daño financiero y económico que el gobierno mexicano asegura haber sufrido en su propio país.
“El demandante no alega que los criminales en México usaron, recibieron o adquirieron las armas de fuego que Beretta vendió en Massachusetts”, argumentó la empresa.
El lunes, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE, señaló en Twitter que su equipo legal analizaría las respuestas de los fabricantes. México tiene hasta el 31 de enero para presentar su respuesta formal.
“Hoy no se gana ni se pierde el litigio”, tuiteó Celorio.
La moción se presentó el mismo día en que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que ésta debe hacer más, debido a que las labores hasta el momento para controlar el tráfico de armas de menor tamaño han sido insuficientes.
México ocupa actualmente la presidencia rotativa del consejo.
“Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y en el monitoreo de sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse que las que fabrican bajo la ley no lleguen a manos criminales”, declaró el canciller.
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