El gobernador de Nueva York pidió el viernes a las autoridades federales que investiguen la conducta de agentes de inmigración después de que un repartidor de pizza ecuatoriano fuera detenido la semana pasada mientras intentaba entregar pizzas en una base militar de Brooklyn.
Andrew Cuomo, un demócrata, solicitó la investigación en una carta dirigida al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional.
Las autoridades dicen que Pablo Villavicencio fue detenido el 1 de junio después de que un examen de antecedentes en la entrada de la base militar revelara que pesaba sobre él una orden de arresto por violaciones migratorias. En la actualidad se encuentra detenido, pendiente de ser deportado.
"Su arresto y detención parecen resultado de categorización étnica y no contribuyen a que nuestras comunidades sean más seguras", dice la carta del gobernador.
Cuomo dice que recientes arrestos por parte de las autoridades migratorias ponen en duda que fueran legales. Cuomo dijo que la detención del repartidor de pizza Pablo Villavicencio y una redada reciente en una granja en la zona norte del estado demuestran "alto desprecio por la constitución".
La esposa del inmigrante, Sandra Chica, dijo que su marido fue a entregar pizza a la base militar de Fort Hamilton tal y como había hecho otras veces y que los guardas allí le pidieron identificación. Villavicencio, dijo, les entregó un carné de identificación que es concedido por la ciudad, pero el guarda le dijo que quería ver una licencia de conducir estatal.
Por otro lado, una portavoz del ejército dijo al New York Times que si visitantes a la base militar no llevan consigo una tarjeta de identificación militar necesitan un pase que requiere un sometimiento a un examen de antecedentes. El examen de Villavicencio mostró una orden de arresto de las autoridades migratorias y por ese motivo fue detenido en la base, dijo la vocera de Fort Hamilton, Catherine SantoPietro.
Por otro lado, la abogada de Villavicencio, Jennifer Williams, de la organización sin ánimo de lucro Legal Aid Society, dijo el viernes que presentó a las autoridades una solicitud de emergencia para frenar la deportación de Villavicencio.
La abogada habló en una rueda de prensa frente a las oficinas de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, rodeada de miembros del grupo de ayuda a inmigrantes Make the Road New York.
"El mecanismo de imposición de la ley que fue aplicado en el caso de Pablo es inhumano, injustificable y debería dañar la consciencia", expresó frente a las cámaras.
La solicitud de la abogada pide a las autoridades migratorias que paren la deportación de Villavicencio para que éste pueda avanzar con un proceso de residencia legal hecho a través de su esposa, que es una ciudadana estadounidense.
Chica dijo a la AP esta semana que el arresto de su marido no es justo.
"Todos los días nuestras hijas me preguntan por qué su papá no viene a casa", dijo en referencia a las dos hijas de la pareja, que tienen tres y dos años y nacieron en Estados Unidos.
El ecuatoriano de 35 años se encuentra en una cárcel de Nueva Jersey, dijo la portavoz de la agencia migratoria, Rachael Yong Yow.
"Villavicencio-Calderón fue detenido por agentes de la policía militar y entregado a ICE", dijo la vocera. También señaló que Villavicencio recibió una orden de salida voluntaria por parte de un juez de inmigración en 2010 pero no abandonó el país como se le había indicado.
"Como tal, su orden de salida voluntaria se convirtió en una orden final de expulsión", explicó la portavoz.
En un video emitido el viernes, Chica dijo que su marido ha intentado quedarse en Estados Unidos bajo el amparo de la ley. Williams dijo en la rueda de prensa que el ecuatoriano solicitó hace meses una tarjeta de residencia. Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía no confirmaron eso por motivos de privacidad. En el video, Chica pide la liberación de su marido.
"Por favor permitan que él regrese a nosotros porque él es el centro de nuestra familia, él es quien prové para nosotros así que vamos a sufrir mucho si es deportado", dijo.
El gobernador dijo el jueves que llamó por teléfono a Chica para expresarle su solidaridad y ofrecerle un abogado a través de un programa estatal de ayuda a inmigrantes.
