El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la orden de detención provisional contra el vicepresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato presidencial de El Salvador Rubén Zamora y otros funcionarios en cargos legislativos en la década de 1990, cuando fue aprobada una ley de amnistía para los responsables de la matanza de El Mozote.
La decisión del tribunal, que fue anunciada el sábado pasado, ha generado polémica en sectores de El Salvador, que argumentan que se trataría de una "persecución política", debido a que Zamora es un crítico del gobierno de Nayib Bukele.
Además de Zamora, se ordenó prisión provisional contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y varios miembros de la Asamblea Legislativa de 1993.
"Son profundamente preocupantes las órdenes de captura emitidas por un tribunal salvadoreño contra Rubén Zamora y otras personas que ocupaban cargos de elección popular en 1993, cuando se aprobó la Ley General de Amnistía", dijo la embajada de EEUU en El Salvador en su cuenta en X, antes Twitter.
"Estas órdenes de captura no hacen avanzar la causa de brindar justicia o hacer rendir cuentas a los asesinos responsables de la matanza de El Mozote", indicó el breve texto.
Los rostros de El Mozote a 40 años de la peor masacre militar de El Salvador
Zamora fue candidato a la presidencia de El Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1994, además ha sido embajador de El Salvador en Estados Unidos y la India. Actualmente es parte del movimiento Resistencia Ciudadana, que cataloga como inconstitucional la candidatura a la reelección inmediata de Bukele.
Además de Zamora, el tribunal ordenó la detención provisional contra los exdiputados Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro y Raúl Antonio Peña Flores, y el expresidente de la República Alfredo Félix Cristiani.
¿De qué se les acusa?
Todas estas personas tuvieron un rol clave en los acuerdos que pusieron fin en 1992 a 12 años de guerra en El Salvador. El tribunal sostiene que que incurrieron en el supuesto delito de “encubrimiento personal” de los imputados vinculados a la matanza de El Mozote en 1981. De ser encontrados culpables enfrentarían penas de entre seis meses y seis años de prisión.
La jueza de instrucción Mirtala Portillo de Cruz dijo al hacer el anuncio que la medida de "detención provisional" responde a la participación de estos exfuncionarios en la aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz el 20 de marzo de 1993.
"(Con la Ley de Amnistía) protegieron a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad durante la masacre del cantón El Mozote y lugares aledaños”, indicó Portillo de Cruz al hacer el anuncio el sábado pasado.
Reacciones
Integrantes de organizaciones civiles se manifestaron el martes en el exterior de Catedral Metropolitana de El Salvador en rechazo a la resolución que ordena la detención de Zamora.
"Los verdaderos responsables de la masacre de El Mozote están en los archivos de la Fuerzas Armadas de El Salvador, que el gobierno de Nayib Bukele se ha negado a entregar", indicaron algunos de los manifestantes.
Los crímenes pendientes en El Mozote
En octubre del 2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país resolvió que la inspección de archivos militares no representa peligro para la seguridad nacional, después de que efectivos militares impidieron por segunda vez el acceso a los archivos de la matanza.
A mediados de 2016, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993, que impedía investigar y juzgar crímenes cometidos durante la guerra.
Tras esa decisión, el 30 de septiembre de 2016, un juzgado de San Francisco Gotera abrió un juicio contra 18 militares involucrados en la matanza de El Mozote, en la que murieron cerca de 1.000 personas a manos del ejército.
Los uniformados están acusados de 12 delitos, entre los que figuran asesinato, violación, robo, hurto, desplazamiento forzado, tortura y desaparición.
Por el juzgado han desfilado más de medio centenar de sobrevivientes para rendir su testimonio, pero la Fuerza Armada no ha entregado información referente a los operativos militares de la masacre.
Bukele ha prometido desde el 2020 que la declasificación "voluntaria" de información relacionada: "Seguimos comprometidos [a] que si hay algún archivo que falte por buscar incluso se harán de dominio público".
En septiembre del 2021, el presidente de la Corte Suprema de El Salvador, Oscar López Jerez, dictaminó que el juicio por la matanza de El Mozote comience desde cero.
El titular del máximo tribunal del país, aseguró que un nuevo juez había sido nombrado en sustitución de Jorge Guzmán, quien en octubre de 2016 reabrió la causa, donde un militar retirado confesó, por primera vez, sobre la masacre.
Pero Guzmán renunció en septiembre de 2021 en rechazo a entrada en vigencia de una reforma impulsada desde la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, que exigió el retiro de los jueces con más de 60 años de edad y más de 30 años de ejercicio por considerar que tenian "nexos con la corrupción", o traslados arbitrarios.
El presidente del país, Nayib Bukele, ha sido señalado por 15 organizaciones que integran la denominada Mesa contra la Impunidad en El Salvador, de obstruir la investigación del caso.
A fines del año pasado, Guzmán pidió a la Fiscalía investigar al mandatario y a su ministro de Defensa por el posible bloqueo de inspecciones judiciales en los archivos militares para hallar pruebas de la maranza de El Mozote.
En septiembre de 2020, Bukele anunció que los archivos militares que aportarían pruebas de la matanza habían sido destruidos sin que se supiera cuándo o quién era el responsable.
Entre 1980 y 1992, El Salvador sufrió una guerra civil entre la entonces guerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, que dejó unos 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos.
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