Reuters
La severa crisis económica venezolana se agravará si el presidente Nicolás Maduro continúa con sus posiciones, dijo Carlos Larrazabal, jefe del gremio de Fedecámaras, uno de los negocios más grandes del país.
A pesar de los meses de protestas y de la condena internacional generalizada, el oficialismo está empeñado en liderar una votación el 30 de julio para establecer un acuerdo legislativo conocido como Asamblea Constituyente.
La asamblea tendría poderes para reescribir la constitución y abolir la actual legislatura controlada por la oposición en lo que los enemigos temerían consagraría una dictadura de izquierda.
"¿Qué país en el mundo tiene un modelo socialista exitoso? ¡Ninguno!" dijo Carlos Larrazabal, durante su reunión anual en Maracaibo.
"En un proceso constituyente, con las características que se proponen, no hay seguridad jurídica y eso no atrae la inversión, sino que lo asusta", agregó el economista educado en Estados Unidos.
Fedecámaras ha estado en desacuerdo con el gobierno de Venezuela desde que estuvo en el poder el líder socialista Hugo Chávez. Aunque los funcionarios han dado pocos detalles sobre lo que podría hacer la Asamblea Constituyente -que la oposición está boicoteando-, los inversionistas temen sus ramificaciones legales y económicas.
Los comentarios del oficialismo que aseguran que se podría reescribir partes de la constitución sobre contratos ‘joint ventures’ con empresas extranjeras, han asustado a algunos en el sector petrolero del país, aunque la compañía estatal de energía PDVSA, tranquilizó a los socios que esto no ocurriría.
El enfrentamiento político se produce en medio de una crisis económica brutal: la inflación está en tres dígitos, la moneda ha caído 99 por ciento contra el dólar desde que Maduro fue elegido en 2013, y millones están luchando con escasez de alimentos.
Entre tanto la organización empresarial venezolana, Consecomercio, estima que casi un millón de empleos en el sector privado se perdieron en los últimos 18 meses, y 1.150 negocios fueron saqueados en medio de las violentas protestas contra el presidente Nicolás Maduro, este año.
El sector privado de Venezuela quiere que se ponga fin al control de divisas, promulgado por Chávez en 2003 para frenar la fuga de capitales, y los controles de precios, que frenan la producción. "Serían las soluciones reales", dijo Uzcategui.
Al menos 100 personas han muerto en casi cuatro meses de disturbios anti gubernamentales. El domingo 16 de julio, la oposición de Venezuela celebró un voto no oficial en el que 7,5 millones de personas, rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente, anunciada por Maduro.
La situación en Venezuela se agravó este jueves con la huelga nacional, recordando los hechos previos a un golpe de Estado liderado por el ex presidente Hugo Chávez en 2002.
La posición de Fedecamaras en la huelga es que los empleados deben decidir por sí mismos si seguir el llamado de la oposición sobre la jornada de protestas pacíficas por 24 horas seguidas.
Maduro dice que la votación del 30 de julio es necesaria para lograr la paz en la volátil nación sudamericana, y también derrotar una "guerra económica" que está siendo librada contra su gobierno por la oposición y Washington.
"Aquí no hay guerra económica (...) Han expropiado más de 1.500 negocios, más de 5,2 millones de hectáreas. La guerra económica es, de hecho, contra todas estas empresas que eran privadas y que ahora no producen". precisó Larrazabal.
