La decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento es ilegal, dictaminó el miércoles un tribunal escocés, lo que provocaba llamados inmediatos para que los legisladores regresen a trabajar tras el enfrentamiento del gobierno con el Legislativo por el futuro del Brexit.
El principal tribunal de apelación de Escocia falló contra la decisión de Johnson de prorrogar o suspender el Parlamento hasta el lunes al 14 de octubre, un golpe para el gobierno, que busca abandonar la Unión Europea el 31 de octubre con o sin un acuerdo.
Cuando faltan sólo siete semanas para que Reino Unido abandone la UE, el futuro del Brexit es tan incierto como siempre, y sus posibles escenario van desde abandonar la UE sin acuerdo hasta revocar el referéndum de 2016.
"Pedimos que el Parlamento se reúna inmediatamente", dijo la legisladora del Partido Nacional Escocés, Joanna Cherry, a Sky News. "No puedes romper la ley impunemente, Boris Johnson", agregó.
Un grupo de legisladores de la oposición se reunía frente al Palacio de Westminster, de 800 años de antigüedad, exigiendo que su reconvoque la asamblea.
Johnson había anunciado el 28 de agosto que el Parlamento sería prorrogado porque, dijo, el gobierno necesitaba la suspensión para poder lanzar una nueva agenda legislativa.
Los opositores han dicho que la verdadera razón era cerrar el debate y rechazaron sus planes para el Brexit. Al tribunal se le mostraron documentos que mostraban que Johnson estaba considerando la prórroga semanas antes de pedirle formalmente a la reina Isabel que suspendiera la legislatura.
El Palacio de Buckingham no quiso comentar el fallo porque, dijo, es un asunto del gobierno.
Dominic Grieve, uno de los 21 rebeldes expulsados la semana pasada del Partido Conservador de Johnson, dijo que si el primer ministro había engañado a la reina debería renunciar.
Johnson, quien fue una figura principal de la campaña a favor del Brexit en el referéndum de 2016, cuando el 52 por ciento de los votantes lo respaldó, ha rechazado las quejas de la oposición de que estaba negando al Parlamento el derecho a debatir el Brexit.
En un fallo crítico, los jueces escoceses dictaminaron que la razón principal para la suspensión fue obstruir a los legisladores y permitir que Johnson siguiera una política de Brexit sin acuerdo.
"Este fue un caso escandaloso de un claro incumplimiento de los estándares de comportamiento generalmente aceptados de las autoridades públicas", concluyó un juez, Philip Brodie, según un resumen del veredicto judicial.
